El Real Grupo de Cultura Covadonga está valorando si personarse como acusación particular contra uno de sus exsocios, en concreto el hombre que está a punto de enfrentarse a cuatro años de cárcel y cinco de libertad vigiladadespués de que se le intervinieran en su domicilio miles de archivos de vídeo y fotografía con menores desnudos o realizando actos sexuales. De todo el material incautado, varios vídeos fueron grabados por el propio procesado -que ya fue condenado en 2016 por un juzgado de Bilbao a dos años de cárcel por el mismo delito- en los vestuarios de la entidad deportiva.

"Este tipo de actos no se deben repetir jamás, ni el Grupo ni en ningún emplazamiento de la ciudad". Así de tajante se muestra el presidente grupista, Antonio Corripio, que desde el primer momento en que tuvieron constancia de estos hechos, acaecidos en junio de 2016, se procedió a la expulsión inmediata del club del acusado, atendiendo al auto judicial que prohibía al procesado acceder tanto al Grupo como a cualquier otra instalación susceptible de ser utilizada por menores. Desde entonces, asegura Corripio, "se reforzaron las medidas de seguridad para evitar que algo así pudiese acudir". Es más, se pusieron a disposición del Ayuntamiento de Gijón para colaborar en todo lo que pudiesen para erradicar esta práctica pedófilo de la ciudad.

El procesado, que se encuentra en libertad provisional -como demuestra el auto de 7 de marzo de 2017 que le obliga a personarse cada quince días en el juzgado además de someterse a una terapia específica para "superar sus problemas de adicción a la pornografía infantil"- nunca volvió a tratar de acercarse a las instalaciones grupistas desde que fue detenido en Gijón por agentes de la Policía Nacional. Por si acaso trataba de volver a acceder al recinto se repartió su fotografía entre los trabajadores para que alertasen en el caso de que volviese. No fue así.

Este hombre, al que le incautaron numeroso material pornográfico -en sólo un disco duro había más de 36.000 archivos- se enfrenta al cargo de corrupción de menores consistente en la captación y uso de menores de edad para elaborar material pornográfico; y en distribuir, difundir y facilitar la difusión de pornografía infantil por el que el Ministerio Fiscal interesa cuatro años de cárcel además de otros cinco de libertad vigilada con la obligación de someterse a tratamiento psiquiátrico para combatir "su conducta adictiva a la pornografía infantil".