El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha ratificado la millonaria multa que pesaba sobre Moreda Rivière Trefilería y otras 14 empresas del sector por actuar como un cártel europeo para fijar los precios del acero para hormigón pretensado. Una multa que en el caso de la empresa gijonesa y otras tres sociedades que forman parte del grupo Celsa asciende a 54,39 millones de euros. "No compartimos la decisión de tribunal, y aún hay plazo para impugnar", indicó ayer un portavoz del grupo en el que está integrado Trefilería Moreda. En realidad la firma gijonesa no llegó a participar en esas actividades contrarias a la competencia y sancionables por las autoridades europeas, pero asume la multa al haber absorbido hace 15 años a una de las firmas infractoras, Trenzas y Cables.

Respecto a los posibles efectos negativos que el pago de dicha multa pudieran tener en la firma asturiana, los portavoces consultados aseguran que no se prevén porque "estaba pactado desde 2013 un calendario" de pagos para minimizar el impacto. De hecho, tanto la Comisión como los tribunales desestimaron sucesivamente el argumento de las empresas de que la multa, que colea desde 2011, pondría en peligro su viabilidada.

La Comisión Europea considera probado que entre 1984 y 2002 varias empresas participaron en un cártel continental para fijar los precios del hormigón pretensado, entre ellas tres sociedades del grupo Celsa: Trefilería Quijano, Tycsa PSC y Trenzas y Cables. Esta última fue absorbida por Trefilería Moreda en diciembre de 2002 y es esa sucesión empresarial la que ha ligado el destino de la firma local a la sanción de las autoridades europeas. La investigación partió de una denuncia de la autoridad federal de defensa de la competencia de Alemania. En 2011 se concretó la sanción, que se ha ido demorando por los sucesivos recursos de los implicados, aunque ya en 2013 se pactó un calendario de pago.