El Tribunal Superior de Justicia de Asturias acaba de reforzar los criterios y la tranquilidad del Ayuntamiento en materia de planes de empleo al desestimar las pretensiones de dos ex beneficiarios que denunciaban fraude de ley en su contrato y aspiraban a la readmisión o al pago de una indemnización mayor de la lograda inicialmente. Ambos trabajadores, que trabajaron en proyectos durante 2016 y 2017, ya habían visto denegada su petición en el juzgado de lo social número 1 de Gijón. Curiosamente, otras dos demandas muy similares sí fueron estimadas en el juzgado de los social número 3 y están pendientes ahora de la resolución del TSJA, que el equipo municipal de Empleo que lidera la edil Ana Braña espera que esté en esa misma línea desestimatoria.
El equipo de gobierno ha dado una especial relevancia a estas sentencias al entender que "aclaran la disparad de opinión" de las salas gijonesas y dan la razón al planteamiento del Ayuntamiento, frente al criterio de algunos sindicatos, sobre los principios de autonomía y sustantividad que se requieren en los contratos por obra y servicio para garantizar su total legalidad
El Ayuntamiento lleva desde 2015 acumuladas veinte sentencias favorables del Superior de Justicia de Asturias, lo que consideran un aval a los cambios de criterio que incorporó a los nuevos planes de empleo. Desde luego, nada que ver con las decenas de fallos desfavorables acumulados en años anteriores que costaron cerca de cinco millones de euros en indemnizaciones a las arcas municipales y llevaron al gobierno de Carmen Moriyón, a principios del año pasado, a suspender los planes de empleo hasta tener las máximas garantías en los tribunales. A partir de ese momento se optó por incrementar la opción de los contratos en prácticas y los contratos por obra se plantearon para proyectos concretos, de duración determinada y con una sustantividad propia. Además se incorporó al personal de planes de empleo al convenio colectivo del Ayuntamiento.
