El Juzgado de violencia sobre la mujer número 1 de Gijón está al borde del colapso en su octavo año en funcionamiento. Los casos se agolpan en las mesas, los detenidos y atestados policiales llegan sin parar, los medios humanos y materiales son insuficientes y antiguos para poder hacer frente a todos los procedimientos que deben instruir y las horas extras del funcionariado se llevan a cabo por amor al arte. En septiembre del año pasado les prometieron que en 2018 se incorporarían dos nuevos funcionarios en Gijón para reforzar el equipo y que, además, todos ellos percibirían una compensación económica por trabajar más horas de las estipuladas. Está a punto de concluir febrero y ni refuerzo ni compensación. "La situación se ha vuelto insostenible" y en el Juzgado de violencia sobre la mujer de Gijón -también se incluye al concejo de Carreño en su área de competencias- están desbordados con más de 1.200 casos penales y otros 100 procedimientos civiles (divorcios, custodias, impago de pensiones, etcétera) al año, unas cifras que les sitúa como el tercer Juzgado de violencia de toda España con más volumen de trabajo, sólo por detrás de Palma de Mallorca y Vigo.
El Juzgado está compuesto por una magistrada, una letrada de la administración de justicia, cinco funcionarios -actualmente son sólo hay cuatro trabajadores, hasta marzo en que se incorporará el quinto- y dos auxiliares. La carga de trabajo supone para ellos que tramiten, cada uno, alrededor de los 200 casos al año. "Es un volumen difícilmente asumible", exponen. ¿Se puede colapsar el Juzgado de violencia? "Ya lo estamos", advierten. Tres días a la semana, mínimo, salen cerca de las cinco de la tarde y los días en que logran cumplir con el horario legalmente establecido es porque no se levantan de su silla en toda la jornada. "Sacamos las causas adelante a base del esfuerzo personal y a costa de nuestras familias", denuncia la actual plantilla.
Entran sin saber a qué hora van a salir. Todo depende de cuántas personas aguarden en calabozos a la espera de que se les tome declaración como acusados de delitos relacionados con su temática específica (primero deben escuchar a las denunciantes, los testigos y practicar otras diligencias como los informes forenses antes de tomar declaración al denunciado). El martes de esta última semana, por ejemplo, había seis procesados en calabozos y hasta que no se tramitaron todos los casos nadie pudo irse, a pesar de haber cumplido la jornada laboral.
Ya desde que el Juzgado echó a andar iban justos de personal -en Oviedo, por ejemplo, con menos población que atender cuenta con más medios humanos-, pero al ser de nueva creación, al principio, era más llevadero porque empezaban de cero. Ocho años después todo se complicó, hasta que la situación se desbordó en octubre de 2015, a partir del cambio legislativo que incluyó más delitos a tramitar por esta rama de la judicatura como los delitos de quebrantamientos o acoso a través de las redes sociales. Este último tema genera muchas horas de instrucción para revisar los mensajes emitidos por Whatsapp o Facebook, entre otros canales.
En el Juzgado reconocen que ahora se denuncian más casos. Quizás haya una judialización de los casos en exceso, pero todo lo que entra se incoa e investiga. Esta situación va en línea -apuntan- con el discurso político imperante, que ha puesto la violencia de género en la cúspide de los temas más mediáticos. Ese discurso, en que se invita a denunciar, no va acompañado de más recursos para aliviar la carga de trabajo. "Pedimos y exigimos que se nos ayude, porque la situación es insostenible", reclaman.
La importante carga de trabajo que tiene colapsado el Juzgado de violencia sobre la mujer de Gijón no es el único problema al que se enfrentan los funcionarios. También escasean los medios materiales para desempeñar las labores cotidianas y la logística brilla por su ausencia porque los miembros que componen el juzgado están desperdigados por todo el Palacio de Justicia. Ni siquiera disponen de una sala para que las víctimas puedan relatar sus traumáticos episodios vividos con algo de intimidad.
Los despachos de la juez y la letrada de la administración de justicia están en una planta y la oficina con los funcionarios en otra. Estos últimos están junto a varios armarios con documentación pertenecientes a otros juzgados de instrucción a los que acuden con frecuencia otros empleados. Allí hay cinco mesas para cinco funcionarios. Muebles y aparatos informáticos tienen más de diez años de uso y los programas informáticos son antiguos. Tan sólo uno de los ordenadores dispone de un sistema de reconocimiento de CD en el que se puedan escuchar archivos de audio. Cada vez que quieren mostrar el sonido a uno de los investigados para que reconozca o niegue que sea su voz deben levantar a la funcionaria que utiliza el único ordenado habilitado para tal fin.
En la oficina, las mesas están muy próximas. Separadas del Juzgado de instrucción 5 por tan solo por una columna de archivadores. Se escucha todo. Ahí toman declaración a las víctimas, que deben relatar que su pareja las ha agredido sexualmente, por citar un ejemplo. Sin intimidad alguna. En no pocas ocasiones coinciden varias mujeres relatando sus casos. Incluso, si el investigado no está detenido coincide con la víctima esperando su turno en la oficina. Incluso también, en ocasiones, en la sala de vistas -situada en la planta menos uno, para proseguir en danza por el juzgado- que es donde se llevan a cabo las declaraciones. Desde que el Juzgado de violencia se mudó al edificio de la plaza Decano Eduardo Ibaseta llevan reclamando un espacio con intimidad para que las víctimas se sientan cómodas.
A la oficina acude mucha gente. Y hay que atenderla siempre. "Aquí, si te vienen a contar una agresión no puedes decirles que estás ocupado y que vuelvan mañana", reconocen los funcionarios. Es por eso que deben dejar lo que están haciendo -ralentizando nuevamente todas las diligencias- para escuchar al denunciado y sus testigos. El problema está en que cuando la víctima relata su caso puede estar escuchando su historia muchas personas. Todos estos episodios, según describen fuentes del Juzgado de violencia, se traducen en "un estrés y una ansiedad insoportable" entre sus empleados.
La realidad constata que muchos de los funcionarios que por ahí han pasado acaban pidiendo el cambio por la presión y carga de trabajo a la que se ven sometidos. Y no es tampoco un asunto baladí puesto que el Juzgado en cuestión tiene una dinámica muy pautada para minimizar el desbordamiento. "En marzo llega un nuevo funcionario, pero no creo que hasta octubre pueda ponerse al día de todo el trabajo acumulado", lamentan el Juzgado, que claman por un mejor trato de las administraciones en cuanto que les doten de más efectivos -humanos y materiales- para garantizar el servicio óptimo que proporcionan.
