El Ayuntamiento de Gijón ha cerrado el ejercicio 2017 contabilizando 5,7 millones de euros de cobros pendientes de difícil o imposible recaudación, relativos a derechos de cobro devengados fundamentalmente entre 2008 y 2016, aunque algunas cantidades se remontan hasta 1989.
El grueso de esa cantidad deriva de la estimación que obliga a contabilizar a los ayuntamientos la Ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local de 2013, que impone a los municipios que reflejen como posibles incobrables el 25% de los derechos de cobro de los dos ejercicios anteriores, el 50% del tercer ejercicio anterior, el 75% del cuarto y quinto ejercicio anteriores y el 100% de los derechos de cobro con mayor antigüedad.
Los derechos que cobro pendientes que el Ayuntamiento de Gijón ha ido generando entre 1989 y 2016 sumaban 24,31 millones de euros. De esta cantidad, al cierre de 2017, aún le quedaban por cobrar al consistorio 13,32 millones de euros. Otros 8,23 millones de euros ya se habían logrado recaudar a lo largo de los años, mientras que 2,76 millones de euros se han dado definitivamente por incobrables en efectivo debido a insolvencias, prescripción de la deuda, su cobro en especie u otras causas.
Se trata de cantidades que varían año a año, en función de lo que realmente consiga cobrar el Ayuntamiento y con qué retraso. Más de las tres cuartas partes de los cobros que reclama el Ayuntamiento de Gijón a los ciudadanos tiene que ver con los pagos que no están domiciliados; las multas y el impuesto de la plusvalía. Entre ambos suman un 77,23% de los 13,32 millones de euros pendientes de cobro. A partir del año 2010 las multas y la plusvalía superan en cuantía al resto de impuestos, tasas y precios públicos cuyo cobro reclama el Ayuntamiento a los ciudadanos.
En cuanto a las multas pendientes de cobro, que ascienden a 5,28 millones de euros, se trata de las que no han sido abonadas de forma voluntaria y se han enviado a la unidad de recaudación del Principado para su cobro por vía ejecutiva. Se trata de un pago que puede aún demorarse más, en el caso de que la sanción acabe recurrida ante los tribunales y que puede resultar fallido si el sancionado gana el pleito. En cuanto a los pagos por plusvalía que reclama el Ayuntamiento, superan ligeramente los cinco millones de euros.
Más de las tres cuartas partes de las reclamaciones de cobro a los ciudadanos se corresponden con las generadas en los últimos tres años, entre 2014 y 2016. Sólo las de ese último año suponen 5,75 millones de euros. El importe de derechos de cobro de difícil o imposible recaudación que la contabilidad municipal atribuye a 2016, el 25% del total del año, es de 1,44 millones de euros, que es el doble de los asignados para el año anterior, en base a las estimaciones fijadas por la ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local.
