El juzgado de lo contencioso-administrativo nº 1 de Gijón acaba de anular la resolución de la concejalía de Hacienda, Organización Municipal y Empleo, que lidera la forista Ana Braña, por la que se nombraba a Ignacio Díaz como jefe del servicio de tráfico y regulación. La resolución fue aprobada en marzo del año pasado y llevada a los tribunales por la Unión de Sindicatos Independientes del Principado de Asturias (USIPA-SAIF). El juez da la razón a los demandantes quien denunciaron que ese puesto está reservado a funcionarios. Díaz, un veterano trabajador municipal con plaza en el área de Planificación, no tiene esa condición: es personal laboral. Su nombramiento fue en comisión de servicios y con carácter provisional. Desde su nuevo cargo lidera el Plan de Movilidad.

USIPA también hacía mención en su demanda a una "palmaria desviación de poder" ya que previamente a esa resolución de marzo, la Junta de Gobierno había aprobado una modificación puntual de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del Ayuntamiento de Gijón en la que la provisión del puesto podía ser como personal funcionario de carrera o personal laboral fijo pendiente de funcionarización.

Libre designación

El juez entiende que no concurre en el caso desviación de poder aunque sí infracción del ordenamiento jurídico. Y matiza que el nombramiento parece motivado en atención a la cualificación profesional del trabajador, su experiencia y su trayectoria profesional. El propio sindicato demandante no pode en duda la capacitación del empleado municipal. Su reivindicación es la defensa del colectivo de funcionarios.

Más allá de este caso concreto, en las explicaciones del juez no hay ningún matiz que ponga en entredicho el formato de libre designación para nombrar jefaturas de servicio. Un tema que está siendo motivo de polémica en el Ayuntamiento de Gijón ya que hay un acuerdo plenario, impulsado por Ciudadanos, que aboga por hacer todas las selecciones de jefaturas por concurso público. Sin embargo, el área de Organización Municipal tiene en marcha el proceso de elección de cinco jefaturas de servicio -inicialmente fueron siete pero hubo que rectificar por problemas con la RPT- por libre designación.

La sentencia del contencioso-administrativo nº 1 impone unas costas de 300 euros a la administración municipal. Hay posibilidad de recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias.