"Un golpe de efecto de Montoro con escasa repercusión en la práctica. Los ayuntamientos siguen con sus finanzas intervenidas sin poder destinar sus recursos a los gastos que estiman necesarios para atender las necesidades de los vecinos y vecinas". Esto es lo que ve la concejala de Izquierda Unida, Ana Castaño, en el real decreto aprobado recientemente por el gobierno de España que permite a los ayuntamientos reinvertir el superávit del año pasado sin esperar a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. El decreto, además, modifica la definición de inversiones financieramente sostenibles a las que se puede dedicar ese remanente.
Castaño entiende que el impacto para Gijón de este acuerdo es muy limitado ya que "por los datos que se han ido avanzando cabe prever un superávit muy inferior a los 12,7 millones que hubo en 2016". Castaño denuncia, además, que "la dinámica en la que se entró en la anterior corporación de bajada o congelación de impuestos y tasas, junto con el temor a abordar el debate de los ingresos por el posible coste electoral que pueda generar" están "lastrando la capacidad de financiación del Ayuntamiento".
