Más de 200 propietarios de fincas rurales están recibiendo requerimientos del Ayuntamiento de Gijón para podar cierres que invaden viales o tapan señales de tráfico y farolas. Técnicos del Servicio de Obras Públicas peinan desde octubre el concejo en busca de deficiencias en las lindes vegetales de los caminos. Hasta la fecha, han notificado por escrito 245 incidencias en catorce de las veinticinco parroquias totales. La mayoría están relacionadas con la invasión de carreteras, la ocultación de señales o luminarias, y la limitación de gálibo.
La Administración local está dando un plazo de un mes a los vecinos para subsanar estos problemas. Si transcurrido este tiempo no cumplen, el Ayuntamiento realizará los trabajos "repercutiendo los costes en el propietario". Lo que implica costes asociados de cientos de euros. Según aseguran fuentes de la sección de Brigadas, los resultados "están siendo muy satisfactorios".
El plan de inspección de afecciones a caminos rurales de cierres de parcelas, como así se denomina esta campaña, empezó en octubre de 2017 y se prolongará un año. De momento, los técnicos municipales han examinado fincas de las parroquias de Santurio, Castiello de Bernueces, Deva, Cabueñes, Somió, Caldones, Granda, Vega, La Pedrera, Leorio, San Martín de Huerces, Lavandera, Fano y Baldornón. Entre todas ellas se han enviado por carta 245 notificaciones por deficiencias en árboles, setos o plantas ornamentales.
En los requerimientos, que van acompañados de fotografías, el Ayuntamiento se ampara en la normativa urbanística (Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana), que dice que "es competencia de la Administración exigir a los propietarios de toda clase de terrenos y construcciones que cumplan con su deber de mantenerlos en adecuadas condiciones de seguridad, salubridad, accesibilidad y ornato público". Además, añaden, la legislación civil regula que "si las ramas de algunos árboles se extendieren sobre una heredad, jardines o patios de vecinos, tendrá el dueño de éstos derecho a reclamar que se corten en cuanto se extiendan sobre su propiedad".
El concejal de Mantenimiento y Obras, Manuel Arrieta, explica que hasta ahora se emitían bandos municipales pidiendo que los vecinos extremaran la repercusión que el crecimiento de árboles y vegetación tiene en los caminos, pero "no resultaban eficaces". "Se daba un plazo que nadie cumplía y las asociaciones de vecinos se negaban a facilitarnos los datos de los propietarios", añade. Por eso, el gobierno municipal de Foro ha tomado ahora la decisión de enviar notificaciones directamente a cada casa. Arrieta insiste en que los dueños de los terrenos rurales "tienen la obligación" de mantenerlos en buen estado.
En los escritos, el Ayuntamiento da un plazo de cinco días "para que se manifieste lo que estime conveniente" y treinta para podar el arbolado o segar fincas abandonadas, según cada caso. "Transcurrido el cual y comprobado que los trabajos no han sido realizados, los mismos se realizarán por el Ayuntamiento en el ejercicio de sus facultades, repercutiendo los costes". Gilberto Villoria aclara que todavía no se ha hecho ninguna labor de poda por parte del Servicio de Obras Públicas, ya que ello requiere la apertura de un expediente de disciplina urbanística "cuyos plazos son bastante amplios", además de una segunda revisión de los caminos.
