La defensa de Abdou Ndiaye, Makelele, -el hombre de origen senegalés condenado por un jurado popular por el asesinato de la hostelera Sonia Meléndez Mitre a 18 años de cárcel- solicitó ayer su libre absolución en la vista del recurso de apelación presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) al considerar que no existen pruebas de cargo suficientes para enervar la presunción de inocencia de su representado. De no lograr que la Sala de lo Civil y Penal del TSJA acepte este extremo ha solicitado la repetición del juicio al apreciar que la sentencia de la sección octava de la Audiencia Provincial -emitida el pasado mes de enero- incurre en falta de motivación, es decir, que el fallo "no ofrece la fundamentación jurídica que exige la ley", argumenta la letrada defensora Ana Gloria Rodríguez.

La solicitud de repetir el juicio contra Makelele -que lleva recluido en el Centro Penitenciario de Asturias desde el 1 de octubre de 2015 por esta causa- tiene también otro argumento: el de la indefensión del acusado. Ana Gloria Rodríguez expresó ante el tribunal que en reiteradas ocasiones a lo largo del procedimiento, vista oral incluida, se le denegó la posibilidad de tener un intérprete francés para permitirle expresarse y entender debidamente todo lo que ocurría. Por ello, estima Ana Gloria Rodríguez, se vulneraron los derechos de su representado, que ayer dio muestras de dificultad de comprensión -cierto es que siguió la vista por videoconferencia de prisión- y fue necesario repetirle las cosas en varias ocasiones para que lo comprendiese.

En el caso de que el TSJA tampoco acepte esta petición, ha requerido que se rebaje la calificación del delito de asesinato a homicidio, justificándose en que si bien "es verdad que hay pocas evidencias de defensa" de la víctima "los forenses testificaron que las había", lo que a juicio de la letrada descartaría la alevosía. Por último, también instó a la Sala a prescindir de la agravante de discriminación por razón de género.

A todo ello se opusieron ayer tanto la acusación particular, ejercida por la familia de la fallecida y representada por el abogado José Joaquín García Fernández, como el Ministerio Fiscal. En ambos casos han solicitado la revocación parcial de la sentencia para que se aplique la agravante de parentesco y se elimine el atenuante de dilaciones indebidas que apreció el jurado popular. Y todo ello para que se eleve la pena de privación de libertad hasta los 20 años. Todo queda ahora pendiente de sentencia.