M. G. SALAS

El sector crítico con la gestión de la directiva del Grupo Covadonga seguirá adelante con el proceso de moción de censura, en virtud de una sentencia. El Juzgado de Primera Instancia número 10 de Gijón ha estimado íntegramente la demanda interpuesta por dos socios contra la entidad por la anulación del procedimiento de recogida de firmas, iniciado en julio de 2017. El magistrado Javier Alonso sostiene que el error -una grupista escribió su número de vivienda en vez del de socia- "carecía de trascendencia alguna para el normal desarrollo de la recogida de firmas" y acusa a la comisión electoral del club, que fue la que tomó la decisión, de "prescindir del deber de neutralidad". Por ello, el juez declara nula la resolución de la comisión y obliga a "permitir la continuación del procedimiento" para la moción de censura.

Según la sentencia, la comisión electoral, que fue elegida en tiempos de Enrique Tamargo, "se inclinó por una solución en la que no se ponderó adecuadamente la trascendencia" del derecho del socio. Los propios estatutos del Grupo, recuerda el juez, permiten "a instancias de más del cinco por ciento de los socios la convocatoria de una asamblea general extraordinaria cuyo único punto del orden del día sea debatir y votar una moción de censura". Eso es lo que pretendieron un grupo de socios, que sin embargo no pudieron concluir la recogida de firmas iniciada el pasado verano. Los integrantes de la comisión -Jesús Vigil, Alejandro Rionda y Zulima Olano- alegaron entonces (agosto de 2017) que los impulsores de la moción no habían subsanado la falta en los documentos de la que se les había advertido. La comisión, detalla la sentencia, remitió al domicilio de uno de los promotores, Melchor Fernández, un burofax con el acuerdo, pero que Correos no pudo entregar en el mismo momento y que Fernández recogió días más tarde, cuando ya la anulación era firme.

Entiende el juez Javier Alonso que era "perfectamente posible" la subsanación del error en el número de una socia y que ésa, "atendiendo a su naturaleza, a la finalidad de aquel precepto estatutario, al interés de los solicitantes y a los principios a los que se sujeta el desarrollo de ese proceso", era la solución que "se imponía". Es más, la mención equivocada del número de una socia "carecía de trascendencia alguna para el normal desarrollo del proceso de recogida de firmas" cuando la misma aparecía "perfectamente identificada con todos sus datos personales". La suspensión de la iniciativa se produjo tras la queja de una mujer, que advirtió a la comisión de que su número de socia aparecía publicado entre los promotores de la moción cuando ella no formaba parte del sector crítico. Sobre ello, el magistrado dice que "una cosa es que la afectada por la confusión pretendiera, con legítimo derecho, que no figurara el número que le correspondía y otra bien distinta la decisión de anular todo el proceso". "La comisión, por la propia definición de sus funciones, tenía facultades suficientes para instar esa rectificación sin interferir en el desarrollo normal del proceso ni mucho menos prescindir de aquel deber de neutralidad", concluye la sentencia.

Los críticos con la gestión de la directiva impulsaron esta moción de censura tras el rechazo a los presupuestos, que tuvieron que ser aprobados en una segunda asamblea celebrada en septiembre. Casi ocho meses después, el panorama es bien diferente: el presidente grupista sacó adelante las cuentas el pasado 16 de abril con el apoyo del 77% de los votantes. Aun así, su "oposición" seguirá peleando desde una plataforma para, dice, "despertar conciencias". Aseguran que ya lo están consiguiendo; su movimiento aglutina a más de 70 personas tres semanas después de su constitución. "Queremos aunar a socios descontentos con la gestión de Corripio, no con su persona", aseguran sus promotores, Adolfo González, Melchor Fernández y Javi Viña.

Y uno de esos descontentos tiene que ver con la compra de la finca "La Torriente", de la que insisten "habrá que pagar el IVA" en contra de lo que dicen los servicios jurídicos del club. La corriente crítica también sostiene que las cuentas de la entidad deportiva no podrán sostener el incremento salarial de los trabajadores, unos 320 en la actualidad. "No vamos contra los empleados. Nosotros queremos las mejores condiciones para ellos y el mejor sueldo, pero hay que buscar un equilibrio. Y si todas las empresas están ahora externacionalizando los servicios será por algo", expresan. A lo que añaden: "No somos beligerantes, somos vigilantes".