Una de las mayores operaciones policiales contra el tráfico de drogas en Gijón llevada a cabo por la Policía Nacional en el verano de 2016, que desmanteló varios puntos de venta de hachís y cocaína en establecimientos hosteleros de la ciudad llegará este mes de mayo a la sección octava de la Audiencia Provincial.

Catorce personas, el grupo estaba compuesto por dos españoles y el resto eran ciudados de origen marroquí pero vecinos de Gijón, que hacían las veces de camareros y encargados de los bares, están acusadas de un delito contra la salud pública (tanto de sustancias que causan grave daño como de las que no) y de pertenencia a grupo criminal. La Fiscalía les exige una condena que suma 91 años de cárcel, el pago de una multa 401.000 euros y la inhabilitación para el ejercicio profesional del comercio de la hostelería durante entre 10 y 7 años, dependiendo de su implicación en la red criminal.

Siete de los procesados formaban parte de “un grupo organizado y estable” dedicado a la venta de hachís y cocaína en los bares de los barrios de Pumarín y El Llano desde enero de 2016. El jefe de este grupo era un hombre de 32 años, marroquí y vecino de Santurce (Vizcaya) de iniciales Y. E. G., que se encargaba de adquirir la sustancia y la llevaba hasta Gijón. El receptor era otro hombre marroquí, de 28 años e iniciales M. S., que la repartía “de forma periódica y en pequeñas cantidades” en los locales gijoneses. Eran los camareros y encargados quienes supuestamente la distribuían al pormenor. Toda la mercancía la guardaban en diferentes trasteros y viviendas de la ciudad.

Fueron las informaciones anónimas y quejas de los vecinos de la zona lo que motivó una investigación de la Policía Nacional que permitió constatar este extremo y llevar a cabo un seguimiento exhaustivo de los establecimientos hosteleros hasta lograr las pruebas necesarias tras semanas de vigilancia para intervenir. El 18 de agosto se llevaron a cabo las primeras detenciones, registros de inmuebles e incautación de drogas. Las sustancias localizadas fueron 23.502 euros en marihuana y 7.175,68 euros en cocaína. También se incautó material, vehículos, dinero en efectivo. Sólo uno de ellos, M. S., cuenta con antecedentes penales y por ello se le aplica el agravante de reincidencia.

La Fiscalía pide además que todos los acusados con nacionalidad marroquí, si son condenados, sean expulsados de España una vez cumplan el tiempo de pena impuesto.