07 de mayo de 2018
07.05.2018

El sobrecoste de El Musel se respaldó "al más alto nivel", sostiene Díaz Rato

La demanda en el Tribunal de Cuentas que reclama 137 millones a los exdirectivos portuarios se formula en representación de Puertos del Estado

07.05.2018 | 17:42
Al fondo, la explanada Norte de la ampliación de El Musel.

Los exdirectivos de la Autoridad Portuaria de Gijón, José Luis Díaz Rato y Fernando Menéndez Rexach, se opondrán a la demanda en base a la que les reclaman una indemnización al Estado de 137 millones de euros por supuestas irregularidades en la obra de ampliación de El Musel, señalando entre otras cosas que los sobrecostes de la obra contaron con el respaldo "al más alto nivel", esto es, con el beneplácito del Estado, y que estuvieron supervisados por Puertos del Estado, cuyo auditor era además miembro del Consejo de Administración de El Musel cuando se ejecutó la ampliación.

Esta demanda en el Tribunal de Cuentas es paralela a la investigación penal del "caso Musel" en la Audiencia Nacional, en el que hay 31 investigados entre excargos públicos y responsables empresariales. Un procedimiento por alcance en el Tribunal de Cuentas, como el que está en marcha, se dirige contra quienes firman los pagos, de ahí que no haya tantos afectados como en la instrucción penal.

La demanda fue interpuesta hace ya varias semanas por el Abogado del Estado Jefe en el Tribunal de Cuentas, Javier Borrego, en representación de Puertos del Estado y del Servicio Jurídico del Estado, habiéndose dado traslado de la misma a la fiscalía, que según la defensa aún no se ha adherido a la misma.

Tanto la Abogacía del Estado como la Fiscalía se habían opuesto a que se archivara el asunto solicitando que se abriera un procedimiento por alcance para pedir responsabilidades patrimoniales a los exdirectivos. La instructora del expediente en el Tribunal de Cuentas, en cambio, había propuesto dar carpetazo al asunto, dando por buenas las explicaciones de la Autoridad Portuaria, que defendió la actuación de sus exdirectivos y que a pesar de los sobrecostes no hubo ningún perjuicio para el Puerto, sino que en realidad la obra de ampliación vale 92,29 millones de euros más de lo que pagó por ella (en base a una tasación que encargó a American Appraisal). La instructora también sostiene que al Tribunal de Cuentas no le compete analizar si la aprobación de los sobrecostes fue legal o no, sino sólo si los pagos al contratista están adecuadamente contabilizados. Al contrario que Puertos del Estado, la Autoridad Portuaria declinó personarse como perjudicada en el Tribunal de Cuentas.

Además de apoyarse en el informe de la instructora y en los escritos de la Autoridad Portuaria, la defensa alude al respaldo que la Abogacía del Estado y Puertos del Estado dieron a los sobrecostes cuando se aprobaron. Además, aprovecha varias de las referencias del escrito que el Abogado del Estado jefe de Asturias, José María Alcoba, ha presentado ante la Audiencia Nacional -para solicitar que se archive la causa contra él- en el que se refiere al informe de Puertos del Estado en noviembre de 2007 en el que da el visto bueno a la modificación del proyecto "equivalente a una autorización del Ente Público" sin la que "se habría autorizado al más alto nivel la financiación estatal del proyecto modificado", según el escrito de Alcoba. Viliulfo Díaz apostilla que "al más alto nivel indica que tuvo el respaldo del Gobierno de la nación" para que se solicitaran fondos europeos adicionales para la obra.

La defensa del exdirector de El Musel también apunta hacia Puertos del Estado a la hora de descargar responsabilidades. Así, indica que los si los sobrecostes se comenzaron a pagar antes de que se aprobara la modificación del proyecto de la obra fue con el acuerdo de Puertos del Estado y que los pagos fueron también supervisados por Puertos del Estado "que era el organismo responsable de su fiscalización", señala el letrado. La defensa de Díaz Rato incide en que esos pagos previos fueron auditados y regularizados en diciembre de 2007, con la aprobación del proyecto modificado por el Consejo de Administración del Puerto, un modificado que no se pudo concretar antes por la incertidumbre que había sobre las canteras.

Como prueba del consentimiento por Puertos del Estado, el letrado de Díaz Rato esgrime que Puertos del Estado acordó "en mayo de 2007, en la reunión del plan de empresa" solicitar 135 millones adicionales de subvenciones europeas para financiar el modificado.

La demanda también hace referencia a la supuesta acta de la reunión con cargos de la UTE Dique Torres en junio de 2006 en la que se habló sobre posponer la modificación del proyecto, acta que según la defensa no es tal, dado que no fue validada con la firma de los asistentes.

Las defensas también cuestionan que la demanda se apoye en el informe de la OLAF, que a su juicio contiene "inexactitudes, errores y falsedades". El representante de Díaz Rato achaca al Ayuntamiento de Carreño y a Hidrocantábrico los problemas con las canteras para obtener piedra para la obra, lo que obligó a buscar material en canteras comerciales.

La demanda del Abogado del Estado se apoya en la investigación penal efectuada en la Audiencia Nacional y en el informe sobre la ampliación efectuado por la sección de fiscalización del Tribunal de Cuentas. Tanto la defensa de Díaz Rato, como la de Menéndez Rexach -el abogado Agustín Azparren- consideran que la demanda ante el Tribunal del Cuentas está repescando cuestiones que ya habían sido aclaradas en la instrucción penal, por lo que "los hechos que se señalan en la demanda adolecen de rigor", según Viliulfo Díaz. Azparen pone como ejemplo que la demanda insiste en cuestionar los pesajes de los camiones que acarrearon material a la obra, cuando los pagos se efectuaron por m3 vertido al mar, no por las toneladas transportadas al Puerto.

Además, la demanda alude a que en la Audiencia Nacional se investiga si se cambió el proyecto de obra cinco días antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas y si la oferta ganadora, la de la UTE Dique Torres, debería de haber sido excluida, mientras que la defensa señala que eso ya no se cuestiona en el proceso penal, que se centra la legalidad del proyecto modificado, esto es, en los sobrecostes.

La demanda de la Abogacía del Estado también apunta que la obra tardó en ejecutarse 85 meses, cuando el plazo real "fue de 70 meses". Según Viliulfo Díaz, la disparidad obedece a que en la demanda se confunde la fecha de finalización de las obras, el 10 de diciembre de 2010, con la de recepción definitiva de las mismas, el 13 de marzo de 2012.

El abogado también resalta que la liquidación provisional de la obra se aprobó en septiembre de 2011 cuando presidía la Autoridad Portuaria de Gijón, Emilio Menéndez, interventor general jefe del Principado.

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