El viceconsejero de Administraciones Públicas del Principado, Álvaro Álvarez, abogó ayer ante el Ministerio porque se permita que las parroquias rurales que tengan capacidad por si mismas para cumplir los requisitos legales y rendir cuentas, como las asturianas, no tengan por qué estar supervisadas por los interventores y secretarios municipales, como establece la nueva legislación.
Esta situación está provocando ya problemas económicos a algunas parroquias rurales, que no pueden subastar la madera de sus montes y a ganaderos que no pueden cobrar las ayudas agrarias por que precisan que la parroquia les certifique qué pastos comunales están utilizando y eso ahora sólo lo puede hacer el secretario municipal. La situación se agudiza si se tiene en cuenta que esto no sólo sobrecarga a esos funcionarios municipales, sino que muchos ayuntamientos pequeños tienen dificultades para cubrir esas plazas.
Álvaro Álvarez señaló que los municipios más afectados en Asturias por esta normativa sobre las parroquias rurales son los de Pravia, Valdés y Cudillero.
