Combatir la corrupción, una de las grandes preocupaciones ciudadanas según el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), mediante una legislación avanzada. Fue la propuesta que lanzó ayer el presidente del Principado en su intervención ante el congreso bienal de secretarios, interventores y tesoreros de la Administración Local (Cosital), que se celebró en el palacio de congresos del recinto Luis Adaro. Javier Fernández, que clausuró una cita que ha reunido en Gijón a unos trescientos habilitados nacionales, reclamó un "amplio consenso" en la Junta General para aprobar el proyecto de ley de Transparencia y Buen Gobierno.
El jefe del Ejecutivo asturiano se mostró dispuesto a aceptar "modificaciones" para sacar adelante un documento que considera una herramienta útil para frenar la corrupción: "Ese esfuerzo merece la pena. Ahora mismo estoy reiterando públicamente esa petición. Ofrezco un acuerdo para colocar a Asturias en la vanguardia legislativa contra la corrupción".
La corrupción, la crítica de la corrupción, centró buena parte de la intervención de Javier Fernández. Éste tuvo ocasión de departir con José Luis Rodríguez Zapatero. El expresidente del Gobierno de España y exsecretario general del PSOE quiso estar ayer en Gijón, la ciudad de sus veraneos juveniles, para acompañar a su amigo el periodista y expolítico palentino Chema Crespo, premiado por Cosital. Un encuentro, café mediante, al que también se sumó el senador Vicente Álvarez Areces.
El presidente del Principado rechazó que España tenga una democracia de "baja calidad". Es más, está persuadido de que tampoco existe "una corrupción de alta intensidad y frecuencia": "Estas opiniones son exclusivamente mías, que no intento colar como verdades científicas o políticas". La respuesta a una pregunta que él mismo formuló: "¿España es un país corrupto, con la podredumbre infiltrada en el tuétano de su arquitectura social e institucional?".
Para Javier Fernández, quien admite que la corrupción "se ha encaramado con vocación de permanencia a lo más alto de la inquietud social", España tiene una situación "homologable a los más calificados Estados democráticos europeos". Un extremo sobre el que hay controversia intelectual y política. Puso un ejemplo fácil de entender: "Puede haber policías corruptos, pero sería un ejercicio de alto riesgo ofrecer un sobre inflado de billetes al guardia que nos multa o al funcionario que va a tramitarnos una licencia de obra". A su juicio, se puede subrayar "con convicción" que "no se da en España la corrupción más letal, la sistémica, esa que está integrada en el sistema hasta el punto de que las instituciones públicas funcionan normalmente con ella, y lo que es peor, no pueden funcionar sin ella". Sí aceptó que hay "múltiples escándalos", también en Asturias.
El Presidente admitió que esos "escándalos", sin raíz sistémica en su opinión, están relacionados fundamentalmente con la política, con la actividad empresarial o con ambas a la vez: "Pero rechazó que esos sucesos, por destacados que sean, compongan el retrato fetén de nuestra sociedad; la justicia no ha dejado de funcionar, ha demostrado que no existen territorios vedados aunque los resultados nos hayan complacido más o menos".
La profunda y extensa preocupación ciudadana por la corrupción no se correspondería, según Javier Fernández, con que el Estado sea "esencialmente corrupto". Y sí, más bien, "con la percepción de que sus élites están corrompidas". Se mostró de acuerdo con Antón Costas. El autor de "El final del desconcierto" ha señalado, según citó ayer el Presidente, que España "es el país europeo con mayor diferencia entre la corrupción percibida y la padecida". Y más: "Si comparamos con lo que ocurre en Hungría, Polonia o Italia, vemos que la padecida por sus ciudadanos es más alta y sin embargo la percibida más baja que en España".
Una apreciación importante, porque no es una percepción "inocua". Javier Fernández hizo resaltar que en política "lo que parece, es". Y, por tanto, "nos encontramos con que la percepción de la corrupción es un peligro cierto para la calidad de nuestra democracia, uno de los más serios que la debilitan".
Una intervención de calado, reflexiva y con opiniones que dan para la controversia. Y, además, ante un auditorio cualificado por tratarse de altos funcionarios de la Administración local. El jefe del Ejecutivo asturiano expresó su deseo de una ley de Transparencia consensuada, pero también reclamó el "robustecimiento de la ética pública". "Es necesaria una ética pública poderosa que impregne cada decisión privada y, especialmente, cada acto administrativo, con independencia de su dimensión", dijo.
El Presidente subrayó la necesidad de mejorar y modernizar las leyes, pero consciente de que no será suficiente. Rompió una lanza por el trabajo de los funcionarios habilitados nacionales, "un engranaje imprescindible en el funcionamiento de las administraciones locales". Y añadió: "no podemos propiciar su escasez ni acogotar la capacidad financiera de los ayuntamientos para crear las plazas correspondientes". Acudieron al acto la consejera de Hacienda del Principado, Dolores Carcedo; el rector de la Universidad de Oviedo, Santiago García Granda, y el presidente de la Cámara de Gijón, Félix Baragaño, entre otros.
El presidente del Consejo General de Cosital, José Luis López, así como la secretaria y la presidenta asturiana de la organización, Covadonga Prieto y Ana María Sánchez, compartieron estrado con Javier Fernández. La asamblea plenaria aprobó un documento con el que secretarios, interventores y tesoreros reclaman, por ejemplo, la mejora de las condiciones para el ejercicio de sus funciones. También la supresión de la libre designación, "para garantizar los principios de mérito y capacidad"; la convocatoria de plazas hasta alcanzar la totalidad de las vacantes; la fijación de complementos de destino o uno específico mínimo, pero "atendiendo a criterios objetivos"; la reforma de los procesos selectivos; la integración en el Grupo A de todos los miembros de los citados colectivos o que las comunidades autónomas "procedan a la creación de agrupaciones de tesorería" para los pequeños municipios.
