La huelga de jueces y fiscales convocada en toda España por las cuatro asociaciones de jueces y magistrados y las tres asociaciones de fiscales que hay en el sector está teniendo un amplio seguimiento en Asturias, según explicó Juan Carlos García López, presidente de la sección territorial de la Asociación Profesional de la Magistratura de Asturias, tras la lectura de un comunicado que los convocantes realizaron a primera hora de esta tarde frente al Palacio de Justicia de Gijón. En Asturias se optó por convocar esa concentración en Gijón al estar cerrados los juzgados ovetenses, por ser festivo en la capital asturiana, donde se celebra el martes de campo.

Esa circunstancia hace que no se puedan ofrecer hasta mañana datos oficiales sobre el nivel de seguimiento de la huelga en la jornada, si bien Juan Carlos García López dio algunas pinceladas de cómo está transcurriendo la jornada de paro.

Así, "en Gijón ha habido suspensiones de juicios civiles y penales, medidas que nadie desea", mientras que en Siero y Mieres el paro ha sido del cien por cien, en Langreo de los cuatro jueces que hay tres han secundado la huelga y el seguimiento de la protesta también ha sido elevado en Avilés, con 10 de 14 jueces sumándose a la huelga.

Asturias no es una excepción, señaló el portavoz de los convocantes, sino que "el seguimiento está siendo masivo en toda España, lo que demuestra la unidad en el planteamiento de la reivindicación efectuado por las siete asociaciones de jueces y fiscales que conforman todo el sector de los operadores jurídicos de este ámbito".

En Asturias hay un total de 156 jueces y magistrados y aproximadamente la mitad de fiscales. Los convocantes del paro señalan que la huelga ha sido la última alternativa después de haber adoptado medidas "de forma escalonada, progresiva y proporcionada", con la lectura de un comunicado y posteriormente con la convocatoria de paros parciales antes de llegar a la convocatoria de huelga durante toda la jornada hoy. "No somos un colectivo especialmente proclive a este tipo de medidas, pero si las anteriores de menos calado no surten efecto, no queda más remedio que acudir a otras de mayor intensidad", agregó.

La lectura del comunicado corrió a cargo de Virginia Otero, coordinadora de la Asociación Francisco de Vitoria en Asturias. Entre otras cosas, en el comunicado se denuncia "la dejación y abandono en el que se encuentra este servicio público", que las siete asociaciones de jueces y fiscales reclaman modernizar.

El comunicado señala que "hasta la fecha, el gobierno no ha incrementado el número de jueces y fiscales a fin de ir equiparándolo a la media europea y no hay rastro de la racionalización de la planta judicial y fiscal, evitando la precarización de las últimas promociones. Tampoco se ha convocado la mesa de retribuciones que por ley debe de reunirse cada cinco años con el objeto de reclamar las mejoras salariales que permitan recuperar los recortes de los últimos ocho años. Nada se hace por mejorar el proceso de digitalización, y en particular su desigual aplicación en el territorio nacional".

A los grupos parlamentarios en las Cortes, los convocantes del paro les reprochan que "no hay siquiera un compromiso firme de los grupos parlamentarios por alcanzar un Pacto de Estado por la Justicia tras el fracaso de la Subcomisión creada al efecto. Y está pendiente de aprobación la Ley Orgánica sobre recuperación de permisos y vacaciones a los miembros de la Carrera Judicial y Fiscal con enmiendas sobre la reforma del Consejo General del Poder Judicial".

A este último también se refieren los convocantes en el comunicado, que indica que "el Consejo General del Poder Judicial ha hecho caso omiso a nuestra propuesta sobre nombramientos judiciales, conforme a criterios de mérito, capacidad, igualdad de género y transparencia. y sigue sin cumplir con su obligación legal de fijar las cargas de trabajo, como le recuerda la sentencia de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional".

Esta movilización de jueces y fiscales tiene su origen el documento de propuestas para mejorar la Justicia que elaboraron a mediados del año pasado. Unas propuestas que incluyen "desde el reforzamiento de la independencia judicial, la modernización de la Administración de Justicia, la derogación del sistema de plazos máximos de instrucción hasta que no se les dote de los medios necesarios para poder cumplirlos, la atribución de la formación de los fiscales a la Fiscalía General del Estado y el refuerzo de la independencia y autonomía presupuestaria del Ministerio Fiscal.