El Principado de Asturias, y en concreto la consejería de Educación, dejan en manos del colegio San Miguel la investigación que permita esclarecer la supuesta relación que una de sus profesoras, de 34 años, habría mantenido durante varios meses con un alumno del centro, de 15 años, que cursa cuarto de Secundaria. "No tenemos competencia ni atribución alguna para intervenir en un colegio privado-concertado cuyos profesores no son funcionarios públicos y que por tanto se rigen por la jurisdicción ordinaria", explicó ayer el consejero de Educación, Genaro Alonso en relación al escándalo que se investiga en el colegio gijonés del barrio de Pumarín. Alonso ha asegurado que "si algún ilícito" se hubiese producido en el centro, le correspondería actuar a la Fiscalía, o bien porque existiese alguna denuncia -que no es el caso-, o bien de oficio.
"No tenemos potestad para ello ni nunca se ha intervenido ante cualquier ilícito de un profesor de la enseñanza privada, como es este caso", incidió Genero Alonso, al tiempo que explicó que el reglamento de régimen disciplinario afecta sólo a funcionarios y empleados públicos, pero no al personal laboral contratado por un titular de un centro privado como es el caso. "Así de claro", espetó el consejero.
En relación a una posible intervención de Inspección Educativa, Genaro Alonso reiteró que "no puede ni debe intervenir". "Otra cosa es que un alumno del centro, que sí está sujeto al reglamento de derechos y deberes, hubiese estado implicado en una falta contraria a las normas de convivencia; pero el caso es otro y le corresponde a la fiscalía averiguar si la profesora ha cometido algún ilícito", zanjó el consejero, ayer, en los pasillos de la Junta General del Principado.
