Una mujer de 32 años y vecina de Avilés ha sido condenada a siete meses y quince días de cárcel como autora de un delito contra los derechos y deberes familiares, después de quedar demostrado que no abonaba debidamente la pensión de alimentos a su hija, menor de edad, que le impuso el juzgado en sentencia de divorcio en el año 2011. Esta mujer, que responde a las iniciales N. V. F., aceptó hace dos semanas otra pena de prisión de seis meses por un delito de estafa y resultó condenada a otros 16 meses de cárcel por vejar a su abuelo. En total lleva ya sentencias que le imponen dos años y cinco meses de privación de libertad.

Esta última sentencia en su contra, dictada por el Juzgado de lo Penal número 1 de Gijón, asegura que pese a disponer "de capacidad económica bastante para acomete el abono de las cantidades" a las que estaba obligada por sentencia no lo hizo. Es decir, "los impagos fueron voluntarios", sentencia el magistrado Luis Ortiz. El juez lo hace en base a que la condenada, en los años 2013 a 2016, recibió retribuciones dinerarias anuales por importes comprendidos entre los 7.000 y los 18.000 euros.

Queda probado en esta sentencia que N. V. F., tras la sentencia de divorcio, fue ingresando en la cuenta bancaria perteneciente al padre de la menor -representado en este litigio por la abogada Anatolia Ferrera- cantidades variables comprendidas entre los 20 y los 100 euros. Pero, de pronto, esos pagos de la pensión de alimentos fueron teniendo lagunas. De esta forma dejó de ingresar cantidad alguna entre los meses de agosto y de octubre a diciembre de 2013; los meses de febrero, mayo, junio, agosto y de octubre a diciembre de 2014; tampoco en febrero, septiembre y noviembre de 2015 ni en enero ni marzo de 2016. Ese último año se modificó la obligación alimenticia, de acuerdo con las partes, fijando la pensión en 200 euros.

La ausencia del pago que tenía obligación de hacer motivó que el caso llegase al juzgado, un escenario que la procesada ha visitado varias veces en lo que va de año. Y siempre como acusada. Sus problemas relacionados con la familia tampoco son nuevos. En enero declaró como acusada de un delito de trato degradante a su abuelo nonagenario, con el que convivía desde que en 2014 el hombre sufriese una caída. Desde entonces -según quedó demostrado en una sentencia que le impuso un año y cuatro meses de cárcel y la absolvió del delito de homicidio por imprudencia grave- impidió que su abuelo tuviese contacto con unos familiares de Villaviciosa y con los vecinos. Además le cambió "motu proprio" su medicación, al punto de que su actuación, debido a un efecto secundario que motivó una depresión respiratoria -sumado a la avanzada edad del hombre- y desencadenó en la muerte de su abuelo.

Otras estafas

Su historial en los juzgados sumó otro capítulo hace apenas dos semanas cuando aceptó seis meses de cárcel por un delito de estafa. En esa ocasión ofertó una excursión a París por un precio muy bajo a través de redes sociales y utilizando un nombre de agencia. Todo era falso. Por último, tiene otra causa pendiente en un juzgado de Madrid en el que también figura como investigada por un delito de estafa.