El gobierno local de Foro, y más en concreto su edil Fernando Couto como responsable de la gestión política del urbanismo, han decidido pisar el acelerador de la tramitación del Plan General de Ordenación (PGO). Medio año después de que se diese por cerrado el segundo proceso de información pública del documento urbanístico, la concejalía de Actividad Económica y Desarrollo Urbanístico ha fijado para principios de este junio que ahora empieza un calendario de reuniones extraordinarias de la comisión de Urbanismo con el objetivo de poder llevar el informe de alegaciones a votación del Pleno en la sesión ordinaria del 13 de junio. La ronda de reuniones se abre el día 5 con la presentación del informe elaborado por los técnicos en cuanto a las alegaciones estimadas total o parcialmente y la razón de la desestimación del resto. En esa misma sesión se calcula también informar a los ediles de la oposición sobre los avances en el plan de vías. Al día siguiente habrá otra reunión extraordinaria centrada en el estudio de las alegaciones al Catálogo Urbanístico, documento que se está tramitando de forma paralela. El debate final en comisión de las alegaciones del PGO se fija para el día once aunque con opción a adelantarse al día 8.

Todo con la vista puesta en llevar el documento de alegaciones, sí o sí, al Pleno de junio. Y es que de lo contrario el calendario se echa encima de las previsiones foristas de poder alcanzar la aprobación definitiva del Plan General a finales de este 2018. Como mucho a principios de 2019. Hay que tener en cuenta que tras la aprobación plenaria del informe de alegaciones hay que incorporar todos los cambios aceptados al documento urbanístico que se debe enviar a la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Principado de Asturias (CUOTA), que tiene cuatro meses para emitir un informe. Tampoco hay que olvidar que en mayo de 2019 habrá elecciones municipales. Los plazos son más que ajustados y el gobierno de Carmen Moriyón se comprometió a tener el Plan General aprobado en este mandato. Su mandato.

Foro lleva desde 2013 dándole vueltas al documento que debe recuperar para Gijón la normalidad urbanística tras dos anulaciones de planeamientos anteriores en los juzgados que han convertido el plan Rañada de 1999 en el planeamiento vigente en la actualidad en Gijón. En esa ya lejano 2013 se elaboró un documento de prediagnóstico desde el Colegio de Arquitectos y se puso en marcha un proceso de participación ciudadana.

Problemas en la costa

Ya en julio de 2014 se presentó el documento de prioridades con tres opciones a elegir pero hubo que esperar hasta febrero de 2016 para que el Pleno -con los votos a favor de Foro, Xixón Sí Puede, PP, IU y Ciudadanos y el rechazo del PSOE- dieran su aprobación al documento de aprobación inicial del PGO.

En el proceso de información pública se recibieron unas 1.500 alegaciones cuya respuesta final nunca llegó porque el Pleno, ya en septiembre de 2017, aprobó hacer una segunda información pública por la trascendencia de los cambios introducidos en el documento de partida ya fuera por la corrección de errores, ajustes legales o por acuerdos político. En esos cambios políticos están mantener como suelos industriales los terrenos de Armón-Juliana y Tallerón y plantear sólo la transformación de Naval Gijón pero como espacio productivo al estilo del Parque Tecnológico. Eso en la coste Oeste porque en la Este se propone una gran playa verde. Esos dos espacios son los que generan mayor desencuentro entre las formaciones políticas de la Corporación aunque también hubo cambios en las condiciones en núcleos rurales

Una segunda información pública que sumó 1.200 alegaciones -muchas de ellas repetidas respecto al primer proceso- y que, por ejemplo desde el PSOE, que votó en contra, se consideró una retramitación en toda regla del documento de aprobación inicial del Plan General. El proceso se ha alargado tanto en el tiempo que el pasado mes de febrero terminaron los dos años de suspensión de licencias de construcción que impone una tramitación de este tipo. La ley impone que no puede haber otra suspensión en los próximos cinco años.