Era el 30 de abril de 2020. Gijón afrontaba la desescalada tras el confinamiento por la pandemia del coronavirus y el Ayuntamiento decretó el corte del Muro al tráfico entre las calles Menéndez Pelayo y Domínguez Gil en sentido a Campo Valdés. Así, decía el gobierno local, se facilitaban los paseos sin poner en riesgo la distancia de seguridad. Una semana después, la restricción afectó a todo el tramo, desde la rotonda del Piles, y en junio se dejó el único vial que hay ahora para reubicar el carril bici y ceder aún más espacio al peatón. Nació así, hace casi dos años, lo que los vecinos acabaron por llamar el “cascayu”, y ya por entonces empezaron a surgir las primeras voces que alertaban de que el Muro en un único sentido podría atentar contra el plan especial de ordenación del frente marítimo.
Nació así también la asociación Stop Muro, que acudió a los tribunales. Y, tras una primera sentencia que falló en marzo a su favor, un auto obliga ahora a ejecutarla provisionalmente en cuanto la agrupación presente 47.958 euros de aval que había solicitado el Ayuntamiento como garantía en caso de que prospere su recurso. Tras casi dos años de vida, el “cascayu” podría afrontar ahora sus últimos días.
Desde los primeros cortes al tráfico hasta la sentencia que pide recuperar el doble sentido, el Muro ha sido estos dos años uno de los temas centrales del debate político. El gobierno local había explicado en junio de 2020 que el “cascayu” entraba dentro de un paquete de medidas que se definieron como de “movilidad táctica” y “reversibles” y que se vinculaban directamente a la pandemia. En verano, cuando empezaron las obras, el grupo municipal de Ciudadanos dio la primera voz de alarma y aseguró que el cambio no se ajustaba al plan especial del Muro. Todo el centroderecha empezó pronto a pedir que el paseo tuviese, si no los cuatro carriles, al menos un doble sentido. Se pidieron explicaciones, pero la secretaría general del Ayuntamiento dictaminó que las obras, por ser “provisionales, parciales, de mínimos y reversibles”, avalaban la legalidad del “cascayu”.
En octubre de 2020 se intentó crear una discusión seria sobre el futuro del paseo, y se encargó al Consejo Social organizar una comisión específica para el Muro que consensuase las líneas de trabajo que deberían seguirse en materia de movilidad. Pero la mesa de trabajo acabó provocando más broncas que acuerdos. La comisión se dio por concluida en octubre del año siguiente con el acuerdo general de que ampliar las aceras favorecería a los negocios, pero con posturas contradictorias sobre si el tramo debería tener o no un doble sentido al tráfico. La Alcaldesa achacó esta falta de concreciones al Colegio de Arquitectos, que lideraba la comisión y que se mostró muy molesto por el comentario.
A finales de 2021, pocos meses después de cerrarse la comisión, la bronca se adentró en el propio equipo de gobierno. El edil de Movilidad, Aurelio Martín (IU) había propuesto crear una mesa de diálogo sobre el Muro sin saber que el PSOE había presentado días antes a Ciudadanos un plan en el que se recuperaba el doble sentido del paseo a cambio de que la formación naranja aprobase los presupuestos de este año. Después, el concejal contraatacó con un plan para el Muro de plataforma única. Los dos partidos del gobierno hicieron las paces este año y presentaron un plan consensuado, ahora en fase de anteproyecto, que aboga por un futuro Muro verde y peatonal con un vial de servicio. De ahí que el fallo del juzgado de lo contencioso-administrativo emitido en marzo cayese como un jarro de agua fría sobre el gobierno, que reaccionó a golpe de recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) e insiste ahora en que esta batalla judicial nada tiene que ver con su plan definitivo. El auto de esta semana obliga a ejecutar provisionalmente esa sentencia, así que el Muro debe recuperar el doble sentido. Pero el gobierno ha logrado que, para tener que hacerlo, Stop Muro tenga que presentar el citado aval, así que la reapertura es firme, pero no tiene fecha.
