La Paz
Los dirigentes opositores de la región boliviana de Santa Cruz anunciaron ayer que no dialogarán con el Gobierno de Evo Morales sin la participación de la Iglesia Católica, tras el rechazo del Ejecutivo a la mediación de esta institución.
Tras el referendo de Santa Cruz y la proclamación de un estatuto autonómico que el Gobierno no reconoce, la atención en Bolivia se centra en saber qué ocurrirá con el nuevo llamamiento al diálogo del presidente Evo Morales para negociar una salida a la crisis que le enfrenta con las regiones opositoras de la llamada «media luna».
El Gobierno cree que la Iglesia debe permanecer ahora al margen de la crisis porque su máxima autoridad, el cardenal Julio Terrazas, votó el pasado domingo en Santa Cruz en el referendo sobre el estatuto autonómico de este departamento.
La Iglesia, «por voluntad propia, ha dado un paso al costado y corresponde al Gobierno, a los prefectos y a la oposición asumir la responsabilidad directa de gestionar el diálogo», según el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana.
Para la Conferencia Episcopal, Terrazas es «un ciudadano boliviano y cruceño» con «el legítimo derecho de ejercitar su voto», lo que no es incompatible con su responsabilidad al frente de la Iglesia, que «seguirá velando por la unidad y el bien común», según un comunicado.
Desde Santa Cruz, sus representantes entienden que la participación de la institución católica en la búsqueda de soluciones es una «cuestión de Estado» y requisito imprescindible para abrir un escenario de concertación nacional.
De cualquier forma, las posibilidades de diálogo en Bolivia parecen lejanas. En opinión del Gobierno, los prefectos opositores han optado, tras el 4 de mayo, por una línea «mas dura» al retrasar la eventual negociación hasta que se celebren el resto de los referendos autonomistas en Beni, Pando y Tarija.
Por el momento, en el lento escrutinio de la consulta santacruceña, el «sí» al estatuto autonómico ganaba ayer por la tarde con el 85,6 por ciento de los votos cuando se habían escrutado el 55,6 por ciento de las mesas. La abstención se estima en el 34,4 por ciento del electorado.
