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Putin se estrena como «premier» poniendo a los abogados bajo control estatal

Rusia se suma a las sanciones de la ONU a Irán por su programa nuclear

 

Moscú

Los cambios en el poder ruso quedaron ayer completados. El ciclo de renovación se cerró en la Duma, donde el ex presidente Vladimir Putin fue nombrado primer ministro por abrumadora mayoría: 392 votos a favor y sólo 56, los de los comunistas, en contra. Sin embargo, antes de abandonar el Kremlin, Putin firmó un decreto que alinea a Rusia con Occidente incorporándola al régimen de sanciones previstas contra Irán en la ONU a causa de su polémico programa nuclear y presentó al Parlamento un proyecto de ley que colocará la abogacía bajo el control del Estado y privará de inmunidad a los letrados.


Según reveló ayer la prensa rusa, la ley autorizará a los funcionarios a pedir que la justicia suspenda la licencia de un abogado y a interrogar a los letrados sobre cualquier asunto relacionado con la defensa de sus clientes, informó el diario de negocios «RBC Daily».


El Kremlin emprendió el primer intento de someter a la abogacía al control estatal en 2006, cuando la Duma o Cámara de Diputados aprobó en primera lectura una polémica ley, pero después tuvo que aparcarla debido al rechazo de la judicatura y de la prensa liberal.


Ahora, fue personalmente Putin quien presentó una serie de enmiendas a la «ley de la abogacía» y la envió a la Duma en el último día de su mandato en el Kremlin, justo antes de ceder el miércoles la Jefatura de Estado al nuevo presidente ruso, Dmitri Medvedev. Según el diario, las enmiendas autorizan al Servicio Federal de Registros (SFR) a exigir a los abogados cualquier documentación y explicaciones relativas a la defensa de sus clientes.


Además, el SFR estará apoderado para exigir la celebración de un congreso extraordinario de los abogados, mientras sus filiales territoriales podrán pedir a los tribunales que suspendan la licencia de un letrado.


Esto podrá ocurrir en caso de que el Consejo de la Cámara de Abogados rechace la petición del SFR de privar de su licencia a tal o cual jurista o no la estudie en el plazo previsto por la ley, que el borrador, además, reduce de tres meses a uno.


«Es un intento descarado de someter a la abogacía al control del Estado, pues los funcionarios podrán ejercer presión sobre los letrados», comentó al periódico «Piotr Dombrovitski», del bufete de abogados Nikolayev y Socios.

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