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Arranca la polémica reforma constitucional impulsada por Sarkozy

 

París, Efe

El polémico proyecto de reforma de la Constitución impulsado por el presidente francés, Nicolas Sarkozy, y que amplia los poderes del Parlamento y delimita los del jefe de Estado, con implicaciones también en política exterior, inició ayer su trámite legislativo con un futuro incierto.

Cuando el presidente conservador propuso el plan el mes pasado, basándose en el trabajo de una comisión integrada por personalidades de varias sensibilidades, dijo que era la concreción de la «democracia ejemplar» prometida en su campaña por el Elíseo en 2007.

Pero el texto, que la Cámara de los Diputados empezó a examinar anoche y que ya ha sido modificado por la Comisión de Leyes, suscita rechazos en parte de los legisladores del partido de Sarkozy, la UMP, y está dando lugar a un pulso de la oposición de izquierdas con la derecha gobernante.

El proyecto limita a dos los mandatos sucesivos del jefe del Estado y encuadra sus poderes, pero, a cambio, le permite intervenir ante las dos cámaras del Parlamento reunidas en Congreso (actualmente no puede hablar en ningún caso ante los legisladores).

El poder del Parlamento se ve reforzado en política europea e internacional, lo que significa que toda operación militar en el exterior de más de seis meses requerirá su aprobación.

Uno de los puntos polémicos del texto es el fin de la obligación de someter a referéndum la ratificación de toda ampliación futura de la Unión Europea, una obligación que el predecesor de Sarkozy, Jacques Chirac, había introducido en 2005 para tranquilizar a los adversarios del eventual ingreso de Turquía en la UE. Una enmienda de la Comisión de Leyes estipula que el referéndum será obligatorio si se trata de un país cuya población supera el 5 por ciento de la de toda la Unión, es decir, Turquía.

Por otra parte, el texto da al Parlamento un derecho de veto sobre los nombramientos más importantes (como el Consejo Constitucional) y pasa a controlar la mitad de la agenda legislativa, a la vez que limita a unos pocos casos el uso de un artículo que permite cortar el debate y adoptar sin voto un proyecto para acabar con tácticas obstruccionistas.

Para obtener el apoyo de sus aliados, el Ejecutivo ha hecho concesiones: inscribir en la Carta Magna el principio del equilibrio presupuestario plurianual y aceptar la posibilidad de referéndum ciudadano. Entre la mayoría conservadora, hay gaullistas que no ven la necesidad de revisar la Constitución, y otros, tajantemente opuestos al eventual ingreso de Turquía en la UE, que reclaman más garantías.

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