Nápoles
El Gobierno italiano inició ayer los trámites para penalizar a los «sin papeles». El primer Consejo de Ministros de la era Berlusconi, celebrado en una Nápoles asediada por las basuras, sirvió para aprobar, entre otras medidas, un proyecto de ley que califica la inmigración clandestina de delito. Esta polémica iniciativa, que deberá pasar por el legislativo, se produce cuando aún son recientes los ataques violentos contra los gitanos rumanos.
El Ejecutivo acudió a Nápoles, como había prometido Berlusconi, para celebrar su primer Consejo de Ministros. A su llegada, el Gabinete fue recibido con protestas callejeras, convocadas por distintos colectivos de desocupados, inmigrantes y vecinos, hartos estos últimos de ver cómo las calles parecen un vertedero por la falta de vertederos y la incapacidad de las administraciones para solucionar una crisis que dura ya quince años.
Sin embargo, todas las miradas estaban puestas en las posibles medidas contra la inmigración. Pese a que se había rumoreado que la penalización de la clandestinidad quedaría relegada por el momento tras la oleada de ataques contra gitanos rumanos y las críticas vertidas tanto desde Italia como desde el extranjero, el Gobierno finalmente aprobó un proyecto de ley que considera la inmigración ilegal como un delito, con penas de entre seis meses a cuatro años de prisión. El Ejecutivo conservador rechazó la propuesta para que el Ejército ayude a la Policía a patrullar las áreas más peligrosas de las ciudades.
