Las medidas de Berlusconi
La lucha contra la oleada de indocumentados
 

La UE da luz verde a la posibilidad de retener a los indocumentados 18 meses

l Madrid critica la decisión italiana de calificar como delito la inmigración ilegal porque «puede desviar flujos a España» l Roma no piensa ceder

23.05.2008 | 00:00
Una polémica iniciativa. La decisión del Gobierno de Silvio Berlusconi, en la foto, de tipificar la inmigración ilegal como delito fue justificada ayer alegando que los ciudadanos reclaman «más seguridad».
Una polémica iniciativa. La decisión del Gobierno de Silvio Berlusconi, en la foto, de tipificar la inmigración ilegal como delito fue justificada ayer alegando que los ciudadanos reclaman «más seguridad».

Bruselas / Madrid

Tras más de dos años de discusiones, los países de la UE acordaron ayer por unanimidad un proyecto de directiva que fija normas comunes mínimas para la repatriación de inmigrantes ilegales. El texto establece un período máximo de retención en centros de internamiento de seis meses, ampliables a 18 en casos de indocumentados que no cooperen o cuando haya problemas para obtener la documentación de países terceros.


El proyecto debe ser aprobado por la Eurocámara, donde le espera una amplia oposición, antes de ser ratificado por los ministros de Justicia e Interior el 5 y 6 de junio.


El documento, aprobado por los embajadores de los países miembros ante la UE, intenta una equiparación de mínimos sobre las normas de retención y repatriación de indocumentados, ya que actualmente hay muchas diferencias.


Nueve socios -Reino Unido, Suecia, Grecia, Dinamarca, Finlandia, Estonia, Irlanda, Malta y Holanda- no tienen ningún período máximo de retención, por lo que ésta puede ser indefinida. España cuenta con un período máximo de 40 días, aunque el Gobierno ha anunciado su intención de elevarlo al considerarlo insuficiente para indagar la identidad y nacionalidad de los indocumentados.


Finalmente, el texto no garantiza el acceso de los indocumentados a asistencia legal gratuita en todo el territorio comunitario. Éste era el último punto de discordia entre los 27 y se cerró con una solución salomónica por la que la ayuda legal se ofrecerá en función de las normas de cada país.


Además, se acordó incluir una declaración en la que se hace un llamamiento a los estados miembros a que «dispongan los medios necesarios» para ayudar a los ilegales a obtener asistencia legal.


La asistencia jurídica suscitó la pasada semana la oposición de Alemania, Austria y Grecia a aprobar la directiva, ya que temían el alto coste para sus arcas públicas de un apoyo legal gratuito garantizado.


Mientras, el secretario de Estado para la UE, Diego López Garrido, expresó en Madrid a su colega italiano, Andrea Ronchi, el rechazo de España a la decisión de Roma de convertir en delito la inmigración ilegal. Madrid teme que la medida adoptada el miércoles desvíe flujos migratorios a España y otros países vecinos.


López Garrido expresó en rueda de prensa conjunta el «respeto» del Gobierno español a la decisión, si bien resaltó que no contribuye a la política común europea y que es un tipo de acción que debería ser consensuada.


Ronchi justificó las medidas por la «situación de emergencia» y de inseguridad que vive Italia, y consideró que «la UE tiene que entenderlas». Desde Roma, el Gobierno Berlusconi anunció que «no cederá ni un milímetro».

Delito


La inmigración ilegal es un delito sujeto a penas de seis meses a cuatro años de prisión


Agravante


La pena de los indocumentados que delincan se agravará en un tercio. Los condenados a más de dos años serán expulsados de inmediato


Detención


La detención en los centros de internamiento se amplía hasta un máximo de 18 meses


Confiscación de pisos


Alquilar un piso a un indocumentado puede conllevar que sea confiscado, además de pena de cárcel de hasta 3 años y multa de 50.000 euros


Reagrupación familiar


Será imprescindible practicar un análisis de ADN

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