Bruselas / Madrid
Tras más de dos años de discusiones, los países de la UE acordaron ayer por unanimidad un proyecto de directiva que fija normas comunes mínimas para la repatriación de inmigrantes ilegales. El texto establece un período máximo de retención en centros de internamiento de seis meses, ampliables a 18 en casos de indocumentados que no cooperen o cuando haya problemas para obtener la documentación de países terceros.
El proyecto debe ser aprobado por la Eurocámara, donde le espera una amplia oposición, antes de ser ratificado por los ministros de Justicia e Interior el 5 y 6 de junio.
El documento, aprobado por los embajadores de los países miembros ante la UE, intenta una equiparación de mínimos sobre las normas de retención y repatriación de indocumentados, ya que actualmente hay muchas diferencias.
Nueve socios -Reino Unido, Suecia, Grecia, Dinamarca, Finlandia, Estonia, Irlanda, Malta y Holanda- no tienen ningún período máximo de retención, por lo que ésta puede ser indefinida. España cuenta con un período máximo de 40 días, aunque el Gobierno ha anunciado su intención de elevarlo al considerarlo insuficiente para indagar la identidad y nacionalidad de los indocumentados.
Finalmente, el texto no garantiza el acceso de los indocumentados a asistencia legal gratuita en todo el territorio comunitario. Éste era el último punto de discordia entre los 27 y se cerró con una solución salomónica por la que la ayuda legal se ofrecerá en función de las normas de cada país.
Además, se acordó incluir una declaración en la que se hace un llamamiento a los estados miembros a que «dispongan los medios necesarios» para ayudar a los ilegales a obtener asistencia legal.
La asistencia jurídica suscitó la pasada semana la oposición de Alemania, Austria y Grecia a aprobar la directiva, ya que temían el alto coste para sus arcas públicas de un apoyo legal gratuito garantizado.
Mientras, el secretario de Estado para la UE, Diego López Garrido, expresó en Madrid a su colega italiano, Andrea Ronchi, el rechazo de España a la decisión de Roma de convertir en delito la inmigración ilegal. Madrid teme que la medida adoptada el miércoles desvíe flujos migratorios a España y otros países vecinos.
López Garrido expresó en rueda de prensa conjunta el «respeto» del Gobierno español a la decisión, si bien resaltó que no contribuye a la política común europea y que es un tipo de acción que debería ser consensuada.
Ronchi justificó las medidas por la «situación de emergencia» y de inseguridad que vive Italia, y consideró que «la UE tiene que entenderlas». Desde Roma, el Gobierno Berlusconi anunció que «no cederá ni un milímetro».
Delito
La inmigración ilegal es un delito sujeto a penas de seis meses a cuatro años de prisión
Agravante
La pena de los indocumentados que delincan se agravará en un tercio. Los condenados a más de dos años serán expulsados de inmediato
Detención
La detención en los centros de internamiento se amplía hasta un máximo de 18 meses
Confiscación de pisos
Alquilar un piso a un indocumentado puede conllevar que sea confiscado, además de pena de cárcel de hasta 3 años y multa de 50.000 euros
Reagrupación familiar
Será imprescindible practicar un análisis de ADN
