Francia liderará desde la UE el rechazo a la regularización masiva de inmigrantes La ONU ha investigado a más de 300 cascos azules por abusos a menores desde 2004

l París abrirá sus fronteras a los trabajadores del Este antes de otoño l Italia busca viejos cuarteles para crear centros de expulsión de ilegales
La ONG Save the Children denuncia nuevos casos de explotación sexual por fuerzas de paz y trabajadores humanitarios en Sudán, Haití y Costa de Marfil

28.05.2008 | 02:00

Londres

París

El rechazo a las «regularizaciones generales y masivas» es uno de los ejes del pacto europeo sobre inmigración y asilo que Francia impulsa para su Presidencia de la Unión Europea (UE) en el segundo semestre de este año, según anunció ayer el titular galo de Inmigración, Brice Hortefeux, en una entrevista publicada por el diario «Libération»


Sobre las «migraciones legales», cada país seguirá libre de acoger a quien quiera, dijo el ministro, que indicó que el tercer «principio» del futuro pacto es el refuerzo de la agencia de protección de las fronteras exteriores de la UE (Frontex) para «responder a la demanda», por ejemplo, de la República Checa para las fronteras terrestres, y de «Grecia o Chipre» para las marítimas o aéreas.


Sobre la directiva europea que permitiría ampliar a 18 meses el período de retención de inmigrantes ilegales, Hortefeux dijo que se atiene a las normas francesas actuales, que fijan un máximo de 32 días, aunque recalcó que la media efectiva es de doce días.


El presidente francés, Nicolas Sarkozy, anunciará hoy, durante su visita a Polonia, la apertura del mercado de trabajo francés a los ciudadanos de los nuevos estados miembros que entraron en la UE en 2004, sin agotar así el período transitorio para levantar las restricciones a la libre circulación de trabajadores que vence en 2011.


La medida afectará a ocho de los nuevos países, todos menos Malta y Chipre, que tienen poca población y, por tanto, no estaban sujetos a ninguna moratoria, y será efectiva durante el semestre de la Presidencia gala de la UE, a más tardar en otoño, según adelantó el diario económico galo «Les Echos».


En paralelo, el Ayuntamiento de París se pronunció a favor del derecho de voto y de la condición de candidatos de los extranjeros no comunitarios en las elecciones locales.


Por su parte, el Ministerio italiano de Interior informó de que, en colaboración con el de Defensa, se están buscando cuarteles en desuso para crear nuevos centros donde alojar temporalmente a los inmigrantes en espera de su expulsión.


El ministro de Interior italiano, Roberto Maroni, y el responsable de Defensa, Ignazio La Russa, se reunieron ayer para hablar sobre algunos aspectos del recién presentado proyecto de ley sobre la inmigración clandestina.


La norma, que tendrá que ser aprobada por el Parlamento, incluye la tipificación como delito de la inmigración irregular, normas que hacen más fácil la expulsión de inmigrantes y también incluía la creación de nuevos centros de acogida, que pasarán a denominarse centros de identificación y de expulsión (CEI).


Mientras, los ministros de Interior y Trabajo de los diez países del Mediterráneo Occidental que forman el llamado Grupo 5+5 pidieron mayor colaboración internacional contra la inmigración ilegal. En ese foro, el ministro español de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, presentó a los países del norte de África el nuevo plan de incentivos al retorno de inmigrantes, que, dijo, «no va a penalizar las contrataciones en origen», ya que éstas continuarán en función de las necesidades del mercado laboral.

La organización no gubernamental Save the Children denunció ayer la existencia de nuevos abusos sexuales por parte de trabajadores humanitarios y de los cascos azules de Naciones Unidas en los países donde desarrollan sus misiones. Estas acusaciones han proliferado en los últimos años y permitido destapar casos que la ONU ya investiga en países como Liberia, Haití, Costa de Marfil o la República Democrática del Congo. Más de 300 casos han sido objeto de esas investigaciones por parte de la ONU entre 2004 y 2007.


Save the Children señala que, en los últimos años, las acusaciones de abusos sexuales por parte de fuerzas de paz de Naciones Unidas y otros trabajadores humanitarios han aumentado considerablemente, algo que vuelve a quedar de manifiesto con un nuevo estudio realizado a 250 niños y 90 adultos en Haití, Sudán y Costa de Marfil.


El temor a perder la ayuda material, la falta de servicios legales, la resignación al abuso o, incluso, la falta de confianza en una respuesta efectiva llevan, a juicio de la ONG, a la población a ocultar los delitos. Un cooperante de Costa de Marfil reconoció que «muchas agencias de la ONU y ONG sienten aquí que nadie las puede tocar».


Las víctimas en estos casos suelen sufrir vejaciones de dos tipos: tocamientos o sexo forzado, pese a que en algunos casos apenas han cumplido los 6 años. La mayoría ronda los 14 o 15 años y, como señala uno de los menores consultados, «generalmente son entre ocho y diez hombres que comparten a dos o tres niñas». «Cuando sugiero una chica más grande, ellos dicen que quieren una niña pequeña», relata con crudeza. Una de estas niñas, Elizabeth, confesó cómo a sus 12 años se convirtió en víctima de doce violaciones por parte de otros tantos cascos azules.


El estudio describe un amplio rango de explotación y abuso que incluye desde la prostitución o la pornografía hasta el intercambio de sexo por comida, la esclavitud sexual y el tráfico de niños.

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