Roma

Los gitanos que viven en Italia consideran que se está generando en el país un clima «gravemente xenófobo» y han organizado para el próximo 8 de junio, domingo, una manifestación en Roma para protestar por los últimos actos de violencia ocurridos en varias ciudades del país contra los ciudadanos de esa etnia.

La convocatoria se produce 24 horas después de que el ministro del Interior, Roberto Maroni, dijera en Jerusalén que el Gobierno de Berlusconi hará un censo de los campamentos de gitanos existentes en Italia. Maroni anunció que ayer mismo el Consejo de Ministros aprobaría ordenanzas para dar a los prefectos de Milán, Roma y Nápoles, poderes especiales para afrontar lo que llamó «emergencia gitanos». El Consejo de Ministros, sin embargo, no aprobó ayer ninguna medida sobre este asunto.

Maroni quiere que los «prefectos» (delegados del Gobierno) tengan «poderes especiales» en materia de seguridad y se encarguen de censar a los gitanos. El Ministro aseguró en Jerusalén, donde participó en un convenio sobre seguridad, que los primeros censos se harán en los campos ilegales, que en Roma son, señaló, unos noventa, todos de pequeñas dimensiones.

No se entrará con «excavadoras» para destruirlos, aseguró Maroni, quien indicó que «es necesario encontrar una solución» para el «problema» de los asentamientos gitanos.

Uno de los primeros pasos para solucionar el problema, según el Ministro, es dibujar una «geografía» de los gitanos que viven en el país para saber quién vive en esos asentamientos. «Hay gente buena, muchos niños, pero también criminales», aseguró Maroni.

El Ministerio de Interior ha calculado que hay unos 152.000 gitanos viviendo en Italia, de los que el 37 por ciento tiene la nacionalidad italiana, y al menos el 50 por ciento son niños y adolescentes que, en su mayoría, han nacido en territorio italiano. Alexian Santino Spinelli, convocante de la manifestación del día 8, asegura que el 80 por ciento de la población gitana ha nacido en Italia.

Entre tanto, el ex primer ministro de Italia y ex presidente de la Comisión Europea, Romano Prodi, evitó pronunciarse sobre la decisión del Gobierno de Berlusconi de convertir en delito ser inmigrante sin papeles, y afirmó: «Tenemos que dejar que el polvo se deposite».

Desde Madrid, la vicepresidenta Fernández de la Vega insistió por su parte en que «no es necesario» exigir un contrato de integración a los inmigrantes, como propuso el jueves el presidente francés, Nicolas Sarkozy, y explicó que el debate sobre la política común europea está aún abierto.