Teherán / Oviedo
El Ministerio iraní de Asuntos Exteriores convocó ayer a los embajadores de la República Checa, el Reino Unido, Francia, Holanda, Italia y Alemania para protestar por las manifestaciones que la UE y sus gobiernos han realizado sobre las elecciones presidenciales iraníes.
Según la televisión estatal, un funcionario iraní advirtió al representante diplomático checo, Josef Havlas, de que «ni la Unión Europea ni país alguno tiene derecho a interferir en los asuntos internos de Irán». «Tampoco tiene derecho a criticar a este país, y menos en lo relacionado a las gloriosas elecciones», señaló el funcionario a Havlas, cuyo país ostenta hasta el próximo día 30 la Presidencia de la UE.
La Comisión Europea se ha mostrado «muy preocupada» por la situación que se vive en Teherán y otros puntos del país y ha pedido al Gobierno que «permita las manifestaciones pacíficas».
El embajador británico en Teherán, Simon Lawrence Gass, también fue convocado en el Ministerio de Exteriores, donde se le inquirió por las declaraciones del primer ministro de su país, Gordon Brown, y del ministro de Asuntos Exteriores, David Miliband. El jefe de la diplomacia británica expresó «serias dudas» sobre el desarrollo del proceso electoral iraní, mientras que el primer ministro afirmó que «Irán debe aclarar las cuestiones que se plantean sobre los comicios».
Según la agencia de noticias estudiantil «Isna», el representante diplomático francés Bernard Poletti fue reprobado por la «posición ilógica e insultante» del presidente galo, Nicolas Sarkozy. El mandatario francés denunció ayer lo que considera «un amplio fraude» en favor del presidente y ganador de los comicios, Mahmud Ahmadineyad. Sarkozy dijo que es «extremadamente preocupante» la situación en Irán y denunció «la reacción totalmente desproporcionada» del Gobierno frente a los manifestantes que impugnan como fraudulentos los resultados.
Por su parte, el presidente de EE UU, Barack Obama, expresó su «profunda preocupación» por las revueltas, aunque destacó que se trata de un asunto de política interna en el que EE UU no quiere «entrometerse».