Oviedo / Tegucigalpa, L. M. S. / Agencias
El Ejército de Honduras expulsó ayer del país al presidente, Manuel Zelaya, por orden del Tribunal Supremo, y el Congreso lo destituyó bajo la acusación de violar la Constitución y lo sustituyó por el líder de la Cámara, Roberto Micheletti. Desde Costa Rica, donde se encuentra como «huésped», no como asilado político, aclaró, Zelaya negó haber renunciado al poder, tal como afirma el Parlamento, en el que se leyó una supuesta carta de renuncia que el mandatario niega haber escrito.
Zelaya recibió el respaldo unánime de la comunidad internacional, empezando por Estados Unidos, que negó toda relación con el «golpe troglodita» que denunció el presidente venezolano, Hugo Chávez, aliado del presidente hondureño.
Zelaya anunció su intención de terminar su mandato y negó, en declaraciones a CNN en español, haber renunciado al cargo. «Nunca he renunciado y nunca voy a utilizar ese mecanismo», aseguró. «Lo que ahora estoy deduciendo es que no es un golpe militar, es una conspiración» político-militar contra la democracia, afirmó desde Costa Rica.
El Presidente fue detenido ayer en su residencia, llevado a la base de la Fuerza Aérea y sacado del país en un vuelo a Costa Rica, donde, en una rueda de prensa, acusó a un grupo de militares «ambiciosos» de haberle «secuestrado» a punta de pistola y de haberle maltratado.
La expulsión se llevó a cabo en una jornada en la que estaba prevista la celebración de una consulta popular sobre la convocatoria a una Asamblea Constituyente para reformar la Constitución, que había sido declarada ilegal por todos los poderes del país. En un comunicado, el Tribunal Supremo Electoral aseguró que las elecciones de noviembre se celebrarán y tienen el apoyo de las Fuerzas Armadas.
La Organización de Estados Americanos (OEA) se reunió con carácter urgente en Washington y en Managua tenían previsto reunirse anoche los presidentes del ALBA (chavistas) y, después, los presidentes centroamericanos, todo con el fin de restituir a Zelaya.
«Quiero retornar a mi país, soy el legítimo presidente de Honduras», dijo el mandatario hondureño.
Zelaya dijo que fue tratado «con brutalidad y violencia» por el grupo de militares que lo detuvo, de los que sólo dijo que son «ambiciosos» y de «élite», pero aseguró que no cree que todas las Fuerzas Armadas sean responsables de esta acción.
En Tegucigalpa, donde hay desplegados tanques y carros de combates, los simpatizantes de Zelaya se concentraron frente al Palacio Presidencial siguiendo los llamamientos a la «resistencia pacífica» del presidente y sus ministros.
La canciller Patricia Rodas se encuentra detenida y hay orden de detener al resto de los integrantes del gabinete, informó el secretario personal del presidente, Eduardo Enrique Reina. La primera dama, Xiomara de Zelaya, se encuentra «en una montaña» del oriente del país por temor a sufrir daños.
«Esto ha sido un golpe militar y tenemos que señalar que se debe restablecer el orden constitucional», dijo el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, al iniciarse ayer una sesión extraordinaria del Consejo Permanente del organismo regional.
Por su parte, el embajador hondureño ante la OEA, Carlos Sosa, secundado por otros diplomáticos, entre ellos los de Paraguay, Brasil, Nicaragua y Venezuela, pidió que el organismo regional emita una resolución de condena ante el golpe militar en su país.
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, confirmó que los presidentes de Centroamérica iban a reunirse anoche en Managua para «hacer frente a la lucha de restituir» en la presidencia de Honduras a Zelaya. Ortega dijo, además, que pedirá a Insulza que se traslade a Honduras.
El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, por su parte, anunció que hará «todo lo que tenga que hacer» para que se restituya a Zelaya y advirtió de que responderá «incluso militarmente» si se producen nuevas agresiones contra el embajador venezolano en Tegucigalpa, Armando Laguna, quien dijo haber recibido una «golpiza» de militares encapuchados.
En España, la asonado mereció la condena unánime de todos los partidos y del Congreso y el jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, reclamó la vuelta al orden constitucional desde el diálogo.
