Derechos Humanos

Investigan a 1.603 militares colombianos por ejecuciones extrajudiciales

Hasta el momento, sólo en cinco casos se ha emitido un fallo de destitución e inhabilitación contra los militares investigados

07.07.2009 | 20:22

El Ministerio Público de Colombia investiga a 1.603 militares por la presunta ejecución extrajudicial de 812 personas los últimos seis años, según un informe de esa entidad publicado hoy por el diario El Tiempo.

El informe sobre la investigación de 301 oficiales, 488 suboficiales y 814 soldados profesionales fue entregado al relator de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, Philip Alston, en su visita a Colombia en junio.

La investigación afecta en su mayoría a miembros de siete unidades militares de la Quinta División del Ejército, que se moviliza en los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Tolima (centro) y Huila (sur).

De ese batallón, creado hace nueve años y con sede en Bogotá, se investiga a 202 militares, 40 de ellos oficiales, por su supuesta participación en 59 ejecuciones, agrega el informe de la Procuraduría.

La totalidad de los militares investigados forman parte de 32 brigadas (nueve de ellas móviles) y de tres comandos operativos.

Hasta el momento, sólo en cinco casos se ha emitido un fallo de destitución e inhabilitación contra los militares investigados, en otros 29 se han presentado cargos y en 19 se decidió archivar el proceso, según El Tiempo.

En el caso de los 31 jóvenes víctimas halladas en el sur de Bogotá en 2008, por el que están detenidos 40 militares de ellos dos coroneles, la Procuraduría considera que fueron contactadas por particulares y entregadas a militares.

Esos jóvenes eran desempleados que buscaban trabajo y fueron trasladados con esas promesas al noreste de Colombia, donde fueron ejecutados y presentados como guerrilleros muertos en combate.

A cambio, los militares recibieron algunos incentivos como fines de semana de descanso.

"Se han encontrado casos de personas que fueron retenidas por patrullas del Ejército. Fue una modalidad utilizada en varios sitios de Antioquia", agrega el informe.

Algunas víctimas, prosigue la Procuraduría, habían prestado alguna colaboración o auxilio a grupos armados al margen de la ley, otras eran sindicalistas o líderes comunales, según la fuente.

Otro perfil corresponde a casos de "limpieza social", cuyas víctimas eran seleccionadas en centros urbanos y por lo general se trataba de indigentes, personas solas o forasteros que eran detenidos y luego llevados al lugar donde se escenificaba el supuesto combate.

Un tercer grupo es el de personas asesinadas o secuestradas por paramilitares y entregadas a patrullas del Ejército.

"Hay decenas de casos documentados en unidades militares como el Batallón La Popa, de la ciudad de Valledupar (norte)", agrega el documento.

Asimismo se determinaron casos en los que los militares retenían a personas, se las entregaban a los paramilitares y después aparecían asesinadas.

El relator de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales dijo tras una visita de 10 días a varias regiones de Colombia en junio que los asesinatos de jóvenes civiles por las fuerzas de seguridad es la evidencia de que ésta ha sido una "práctica sistemática".

Alston presentará a finales de año un informe sobre ejecuciones extrajudiciales en Colombia ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra.

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