Washington, Efe

Los esfuerzos del Gobierno de George Bush por impedir un nuevo atentado terrorista en suelo estadounidense tras el 11-S iban mucho más allá del polémico programa de escuchas sin orden judicial, según un nuevo informe.

En el documento, de 43 páginas, un equipo de cinco inspectores generales concluyó que el ex presidente ideó un extenso programa de actividades de inteligencia secretas que generaron poderes «sin precedentes» al Gobierno en materia de espionaje, de acuerdo con el texto que recogen hoy los medios estadounidenses.

En el período previo a los atentados del 11 de septiembre de 2001, la llamada Ley de Supervisión de Datos de Inteligencia sobre Extranjeros (FISA), que data de 1978, fue vista como la principal herramienta de las autoridades estadounidense para interceptar comunicaciones en pro de la seguridad nacional.

En los días posteriores al 11-S, la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) se basó en esta ley para reunir información de inteligencia sobre los atentados. En esa fecha, el entonces director de la CIA, George Tenet, preguntó al director de la NSA, Michael Hyden, si la agencia podía hacer más contra el terrorismo, a lo que éste le respondió que todo lo demás excedía las competencias otorgadas en materia de espionaje.

Poco después, Bush autorizó a la NSA a desarrollar actividades nuevas. Las actividades autorizadas por el ex presidente siguen bajo secreto, aunque en 2007 el entonces fiscal general, Alberto Gonzales, reconoció en una carta que existían.

Sólo se sabe lo que admitió en 2005 el Gobierno; que autorizó la intercepción de comunicaciones internacionales sin orden judicial cuando hubiere una «base razonable» para concluir que uno de los comunicantes era miembro de Al Qaeda o de una organización vinculada a este grupo terrorista.

Este programa fue conocido como «Programa de vigilancia de terroristas», lo que, sumado a las otras actividades no desclasificadas, derivó en el «Programa de vigilancia del presidente». El ex presidente Bush autorizó cada 45 días las actividades de inteligencia contra presuntos terroristas y ordenó que se mantuvieran en secreto.

El informe pone en duda la base legal esgrimida por altos funcionarios para autorizar estas actividades de inteligencia y cuestiona la contribución de este programa a los esfuerzos de la lucha antiterrorista.