Tegucigalpa, E. P.
Cuando se cumple un mes del golpe de Estado en Honduras, la solución a la crisis política parece cada vez más lejos. La intermediación del presidente de Costa Rica, Óscar Arias, no sólo no ha logrado que las partes lleguen a un acuerdo sino que, por el contrario, ha radicalizado aún más las posturas de quienes buscan el regreso del derrocado mandatario, Manuel Zelaya, y de aquellos que apoyan al Gobierno golpista de Roberto Micheletti.
Ahora Honduras está sumergida en una de las peores crisis políticas que ha vivido Centroamérica en los últimos veinte años. Una crisis que siembra el temor a la posibilidad de que la era de los golpes de Estado vuelva a la región con la misma fuerza que en las décadas de 1970 y 1980.
Las posibilidades de un acercamiento son escasas. Zelaya ha dado por fracasado el diálogo y ha rechazado el Acuerdo de San José, pese a que el documento propone su reposición en la Presidencia y una amnistía de los delitos que se le acusan. El Congreso inició el lunes el estudio de la amnistía, pero en lugar de tomar una decisión creó una comisión que no se pronunciará hasta dentro de unos días.
Micheletti, quien se ha dicho dispuesto a renunciar para poner fin a la crisis, ha decidido dejar la decisión sobre el acuerdo en manos del Congreso, el Poder Judicial y el Tribunal Supremo Electoral.
El pasado viernes se hablaba de un eventual repunte del conflicto después de que Zelaya cruzara la frontera con Nicaragua y pisara territorio hondureño. Pero su estancia en su país de origen apenas duró unos minutos. Poco después, regresó al lado nicaragüense y se asentó en el puesto fronterizo de Las Manos, desde donde ayer anunció su partida a las montañas para organizar la «resistencia».
El mandatario golpista ha asegurado, mientras tanto, que el Ejército no detuvo al presidente derrocado a su entrada al país para no provocar un conflicto con otros países. Aunque esta premisa podría no tener validez en los próximos días, ya que, posteriormente, aclaró que si Zelaya «entra a territorio hondureño con esas condiciones que tiene, será arrestado». Las fronteras siguen militarizas y el toque de queda aún permanece vigente en todo el país.
Las protestas promovidas por los simpatizantes de Zelaya -cuyo entorno admitió ayer haber pagado a los que nutren sus filas- siguen ocupando las calles de las principales ciudades del país y se han extendido a las zonas cercanas a Nicaragua, donde se ha creado un cordón de seguridad para proteger al presidente derrocado.
Mientras, en el exterior, EE UU, la UE y la OEA siguen manteniendo su apoyo a Zelaya, basado en el rechazo a reconocer a ningún Gobierno latinoamericano que nazca de un golpe de Estado.