Caracas / Oviedo, Agencias
La Asamblea Nacional venezolana aprobó una nueva ley electoral que la oposición ya ha denunciado porque beneficiaría al partido del presidente Hugo Chávez, quien partiría con ventaja en un nuevo escenario cercano a un sistema de reparto mayoritario y en el que cabrían las revisiones interesadas de las circunscripciones electorales.
El texto establece un sistema mediante el que el partido más votado se llevará más porcentaje de escaños que el que le correspondería en la actualidad, lo que perjudica a las minorías y beneficia al Partido Socialista Unido de Venezuela de Chávez.
El diputado Ricardo Gutiérrez tachó la norma de «zarpazo» a las libertades y derechos políticos. La oposición alega que la Constitución defiende por ley a las minorías, algo que según la presidenta de la Asamblea, Cilia Flores, no queda en entredicho con la nueva ley. «Cuando se refiere a las minorías, la Constitución se refiere a las minorías excluidas, a los indígenas (...) y nunca a los partidos políticos», explicó. «Esta ley está reconociendo a la población, al pueblo y a todos los sectores que son en los que reside la soberanía».
La oposición advierte de que esta norma, pendiente de ser aprobada en pleno, deja en manos del oficialismo la posibilidad de modificar las circunscripciones en su propio interés, actuando contra los feudos de los grupos rivales.
Mientras, organizaciones internacionales respaldaron ayer a los periodistas y editores en su rechazo frontal al proyecto de ley contra «delitos mediáticos», una norma a la medida de Chávez para que su régimen pueda amordazar a los críticos con penas de hasta cuatro años de cárcel.
Sectores vinculados a la oposición denunciaron por otra parte la «arbitraria y despótica» rescisión del permiso para emitir a 34 emisoras que no siguen los dictados del régimen chavista. El ministro y director de la comisión de Telecomunicaciones, Diosdado Cabello, dijo que con esta decisión el Gobierno pretende combatir el «latifundismo mediático» y promover la «democratización» de la propiedad de los medios de comunicación.
La oposición ha denunciado en bloque que tras este cerrojazo de medios no oficiales se esconde el deseo del Gobierno de «acallar las voces disidentes y las críticas a Chávez». Ese es el caso de cinco emisoras de CNB (Circuito Nacional Belfort), que acudirá al Tribunal Supremo.
La directiva del Colegio Nacional de Periodistas, a la que se vincula con la oposición, expresó «su rechazo a la despótica decisión» del régimen porque «ni CNB, ni el resto de las emisoras cerradas, tenían una programación en la cual predominaran los contenidos políticos».
Representantes de varios medios invitaron a los ciudadanos a seguir sintonizando las emisoras que ahora emiten por internet. Las emisoras cuyas concesiones fueron rescindidas forman parte del grupo de 240 que recientemente no cumplieron con la exigencia del régimen para actualizar sus datos.
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