Afganistán vota bajo la metralla

EUGENIO FUENTES Más de tres mil burros han sido utilizados estos días para transportar urnas a los lugares más inaccesibles de Afganistán. Es buena muestra de la importancia concedida a las elecciones presidenciales en las que hoy están llamados a votar casi 17 millones de personas, de los que un 43% son mujeres. Los comicios, en los que el presidente Hamid Karzai parte como favorito para la reelección, son la prueba de fuego de la nueva estrategia de la Administración Obama para cambiar el curso de una guerra en la que, admite EE UU, los talibanes han cobrado ventaja.

Tanto EE UU como sus aliados desean escasas denuncias de fraude y una alta participación que legitime al vencedor en las urnas. Ese hombre, sea Karzai o su principal contrincante, el ex ministro de Exteriores Abdullah Abdullah, al que las encuestas sitúan 20 puntos por detrás, será el interlocutor de Washington en la nueva era. La Casa Blanca quiere reconstruir y pacificar el país, atraerse al islamismo moderado, arrinconar a los talibanes en las montañas limítrofes con Pakistán y aniquilar los cuarteles de Al Qaeda.

Sin embargo, la empresa no es fácil. No sólo por la presencia talibán, estimada fuerte en el 72% del territorio. Los talibanes rechazan los comicios y han amenazado con cortar el dedo a quienes lo tengan impregnado de la tinta que atestigua el voto. Pero, al margen del miedo, muchos afganos creen que el catastrófico estado de su país, ocho años después de que EE UU desalojara a los talibanes, es razón sobrada para desinteresarse de los comicios.

Tras tres décadas de guerras, Afganistán es hoy, más que nunca, un estado fallido y corrupto que apenas rebasa los límites de su capital, Kabul. La tradición se impone a la ley y las únicas instituciones que cuentan son la familia, el clan y la tribu. La debilidad de la Policía y el Ejército han vuelto general la inseguridad y han dado alas al negocio de la seguridad privada, que emplea a unos 43.000 hombres.

Las cifras que maneja la ONU hablan de más de 1.100 civiles muertos en el primer semestre de 2009, un 60% por yihadistas o bandidos y el resto por las tropas extranjeras. Un 24% más que en igual período de 2008. En paralelo, los secuestros se multiplican y sólo un 60% puede atribuirse a talibanes. El despliegue de unos 100.000 soldados de 42 países es una gota de agua en ese desierto de crímenes. Máxime cuando los militares foráneos, salvo los de EE UU, Reino Unido, Canadá y Holanda, tienen un mandato defensivo y se dedican a la reconstrucción.

En suma, la guerra de 2001, como la de Irak en 2003, fue cerrada en falso por Bush. Afganistán sigue siendo un enorme campo de batalla, con alta intensidad en un tercio de su endiablado territorio montañoso. Las tropas extranjeras, a las que España colabora con 778 efectivos, reforzados por otros 450 en el período electoral, se han dejado más de 1.300 muertos. Ochenta y siete de ellos eran españoles, incluidas las 62 víctimas del «Yak-42». Lo peor es que la cadencia se acelera: 2008 fue el año más sangriento, con 294 bajas mortales, pero en lo que va de 2009 son ya más de 250, 76 de ellas en julio.

La clave de esta acelerada espiral de muerte es el proceso electoral. Los talibanes, que nunca dejaron de controlar el montañoso este -un territorio de contornos imprecisos entre Afganistán y Pakistán-, volvieron a la carga en 2004 y, desde 2008, han situado Kabul en el punto de mira de sus suicidas. En las últimas semanas han atacado varias veces y el pasado sábado hicieron estallar un camión con 500 kilos de explosivos a la puerta del cuartel general de las fuerzas de la OTAN. Los incidentes armados se han sucedido además en el norte y el oeste del país, hasta ahora zonas tranquilas. De ahí que la base española de Herat haya sido atacada dos veces en días recientes.

Las elecciones son, pues, un claro desafío para las tropas extranjeras, cuya misión es conseguir, sencillamente, que se puedan celebrar, lo que no está claro en casi la mitad de los 364 distritos electorales. Para preparar el terreno, EE UU y Reino Unido han lanzado desde finales de junio tres ofensivas en la región sureña de Helmand, bastión rebelde conocido por sus enormes campos de amapola. Anunciadas a bombo y platillo, estas operaciones han costado un elevado número de muertos al Reino Unido y, a día de hoy, se desconoce su grado de efectividad.

La economía no presenta mejor cara que la seguridad en un país cuya renta per cápita se desconoce. Las cuentas afganas dependen mucho de la ayuda exterior y del cultivo del opio, renacido desde la caída de los talibanes y que hoy representa una partida capital en las finanzas rebeldes. No obstante, hay que resaltar que los ingresos por opio de los talibanes sólo son un 5% del montante total que genera el negocio.

En cuanto a los 45.000 millones de euros llegados del exterior desde 2002, sólo un 12% se ha invertido en mejorar la vida de una población con un 42% de pobres y un 33% en serio riesgo de hambruna. El resto alimenta la corrupción o financia los ejércitos privados.

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