De Villepin denuncia que está en el banquillo de los acusados por «el ensañamiento de Sarkozy»

París / Oviedo

Con el ex primer ministro Dominique de Villepin en el banquillo y el presidente francés, Nicolas Sarkozy, como acusación civil, arrancó ayer en el Tribunal Correccional de París el juicio por uno de los mayores escándalos políticos en Francia. Los magistrados tratarán de aclarar quién y por qué se creó una lista falsa de personalidades, en la que figuraba el propio Sarkozy, con cuentas sospechosas en la entidad financiera luxemburguesa Clearstrem, nombre con el que se ha bautizado el caso.

La instrucción ha desvelado indicios que apuntan a que el ex primer ministro estaba al tanto de la existencia de dicha lista y, según la acusación, no hizo nada al respecto consciente del daño político que podía acarrear a su entonces rival para las presidenciales de 2007.

De ahí que De Villepin figure entre los cinco acusados en esta causa por «complicidad en denuncia calumniosa, complicidad en el uso de documentos falsos, ocultación de robo y ocultación de abuso de confianza». Pero el ex primer ministro siempre mantuvo que es inocente y que todo responde a una maniobra de Sarkozy para desacreditarle.

Ayer, nada más llegar al tribunal, afirmó que se encuentra en esta situación «por la voluntad de un hombre, por el ensañamiento de un hombre, Nicolas Sarkozy, que es también presidente de la República Francesa», se declaró «víctima del abuso de poder» y se mostró convencido de que saldrá libre y con su nombre limpio. El ex primer ministro hacía esta declaración antes de sentarse en el banquillo junto a los otros cuatro acusados: el informático y financiero Imad Lahoud, el ex vicepresidente de EADS Jean-Louis Gergorin, el periodista Denis Robert y el consultor Florian Bourges.

Lahoud es el presunto autor de las listas falsas de titulares de cuentas supuestamente procedentes de Clearstrem que recibieron comisiones ilegales de la venta de fragatas de la empresa francesa Thompson a Taiwán en 1991. Él fue quien contactó con el vicepresidente de EADS para darle cuenta de la existencia de esos listados de titulares de cuentas en los que, además de Sarkozy, figuraban otros políticos, empresarios, propietarios de medios de comunicación e, incluso, la modelo Laetitia Casta.

Esas listas llegaron a manos del consultor Florian Bourges que, a su vez, se las pasó al periodista Denis Robert, que trabajaba entonces para el diario «Liberation».

Todos ellos, que podrían ser condenados a 5 años de prisión y a una multa de 375.000 euros, están llamados a declarar para desvelar los entresijos de una trama que saltó a la luz en 2004 y que va mucho más allá de la acérrima enemistad política entre Sarkozy y Villepin, quien está previsto que declare el día 30.

Los defensores de Villepin ya han anunciado su intención de rechazar a Sarkozy como acusación civil, alegando que por el hecho de ser el jefe del Estado puede influir en la decisión de los jueces y, sobre todo, en la de la fiscalía.

A la espera del dictamen de los jueces, Sarkozy ha llegado a decir, en privado, que colgará «de un gancho de carnicero al cabrón que ha montado este escándalo» para impedirle ser candidato a la Presidencia de la República.

De otro lado, un hombre detenido como presunto autor de cartas con amenazas a Sarkozy y a otros políticos, que acompañaba con balas, reconoció anteanoche su responsabilidad, indicaron fuentes policiales.

El hombre, de 51 años, que responde al nombre de Thierry J., fue arrestado el domingo en Hépérian, cerca de Montpellier, el departamento del que salieron las misivas.

El principal elemento que puso a los policías sobre su pista fue el descubrimiento de su ADN en el sello de la primera carta, dirigida en mayo de 2007 al alcalde de Lamalou les Bains, próximo a Hépérian.

Thierry J., que sufre una minusvalía del 80 por ciento a causa de una grave enfermedad neurológica, se encontraba en paro, aunque había trabajado en una tómbola de tiro.