Honduras pone a prueba a Latinoamérica

NACHO REGGIANI La grave crisis política e institucional que sufre Honduras desde que el pasado 28 de junio fuera detenido y sacado del país el presidente Manuel Zelaya tiene fuertes repercusiones en toda Latinoamérica. En los sucesos de los últimos meses, los países americanos, las instituciones del continente y, en menor medida, la comunidad internacional, desempeñan un papel determinante y trasladan la puja por la supremacía regional al «campo de batalla» diplomático hondureño.

La página web de Elvin Santos, candidato a las próximas elecciones por el Partido Liberal (el mismo por el que llegó a la Presidencia Zelaya), exhibe en su portada un contador que marca en forma regresiva el tiempo que falta (en días, horas, minutos y segundos) para las elecciones del próximo 29 de noviembre. Unas elecciones que el oficialismo insiste en celebrar a pesar de que la mayor parte de la comunidad internacional ya anunció que no reconocerá, como tampoco reconoce al actual Gobierno de facto que encabeza Roberto Micheletti.

Una elección presidencial que fuera reconocida por la comunidad internacional sería un paso de gigante para empezar a salir de la grave crisis hondureña y recuperar la institucionalidad que se quebró abruptamente el 28 de junio pasado.

En la madrugada de aquel día, un grupo de militares bajo el mando del teniente coronel René Antonio Herpburn Bueso, allanó la residencia presidencial y detuvo a Manuel Zelaya, al que subió en un avión con rumbo a Costa Rica. El 28 de junio era el día previsto para realizar una consulta popular sobre la posibilidad de reformar la constitución incluyendo la reelección inmediata. En las semanas previas se había desatado una dura batalla legal entre el presidente Zelaya y la justicia hondureña, que se pronunció reiteradamente en contra de esa consulta, al igual que todos los partidos políticos (salvo el izquierdista Unificación Democrática).

En los días previos al derrocamiento, el presidente destituye al jefe de las Fuerzas Armadas, general Romeo Vásquez Velásquez por rehusar a movilizar el material necesario para realizar la consulta del día 28 de junio. La Corte Suprema contraataca ordenando la restitución de Vásquez Velásquez y, a pedido del ministerio público, acusa a Zelaya de los delitos de traición a la patria, abuso de autoridad y usurpación de funciones en perjuicio del Estado, dictando la orden de captura y allanamiento contra el presidente. Zelaya se había quedado solo, sin apoyo institucional. El candidato de su propio partido, Elvin Santos, y el obispo de Tegucigalpa, Darwin Andino, pidieron públicamente a la población que no asistiera a la consulta, llamamiento que resultó innecesario toda vez que la misma quedó desestimada con la detención del presidente. Al mandatario hondureño sólo le quedó el apoyo de buena parte del pueblo, sobre todo los más desfavorecidos.

Deportado Zelaya a Costa Rica, las reacciones populares a favor y en contra del golpe se sucedieron. El nuevo Gobierno encabezado por el hasta entonces presidente del Congreso Roberto Micheletti, decretó el toque de queda por 48 horas y reprimió las concentraciones a favor del mandatario depuesto.

A la difícil situación interna se sumó la condena internacional, lo que agravó la crisis aún más. Latinoamérica y España reaccionaron inmediatamente exigiendo el retorno de Zelaya. Se retiraron embajadores y se rompieron relaciones diplomáticas entre Honduras y algunos países. El mismo Estados Unidos, revirtiendo su postura histórica ante los golpes de Estado, que iba desde la no condena hasta la implicación directa a favor de los golpistas, repudió el accionar de Micheletti y las Fuerzas Armadas y se mostró favorable al regreso de Zelaya al poder.

No se trata de apoyar a Zelaya. Como no ocurría hace mucho tiempo, los países americanos, a pesar de sus concepciones políticas diametralmente opuestas en algunos casos, condenaron de manera unánime el golpe y sancionaron al Gobierno de facto hondureño. La Organización de Estados Americanos (OEA) tuvo la fuerza que hace tiempo no tenía y retomó el papel que había perdido en los últimos años. Desde su seno partió la condena y también se marcaron las pautas necesarias para la solución. El presidente de Costa Rica, el premio Nobel Oscar Arias, se propuso como mediador, siempre con la condición del retorno de Zelaya como condición innegociable. Las partes aceptaron en un principio la negociación, pero el diálogo fue infructuoso y las posturas se radicalizaron cada vez más.

Un concepto fundamental ha quedado claro en la condena del golpe y en la defensa de la legalidad: no se trata de apoyar a Manuel Zelaya de forma personal, sino de la defensa incondicional de la vía democrática y de la legalidad para solucionar las controversias. El apoyo más «personal» llegó desde el bloque «bolivariano» que lidera Venezuela, sector ideológico hacia el que había girado Zelaya tras haber ganado las elecciones como candidato del Partido Liberal. Ésta es la causa real, el motivo de fondo que movió a los golpistas, que encontraron en la propuesta de reforma constitucional la excusa precisa para derrocar al presidente. El propio Micheletti, ante la pregunta sobre los motivos del golpe, respondió: «Lo sacamos a Zelaya por su izquierdismo y corrupción. El fue presidente como liberal, pero se hizo amigo de Daniel Ortega, Chávez, Correa, Evo Morales? Se fue a la izquierda, puso toda gente comunista. Nos preocupó».

Sin embargo, cuando Zelaya decidió regresar clandestinamente a Honduras, no eligió una de las embajadas «amigas», sino que se refugió en la del Brasil. Sesenta personas acompañan a «Mel» en su refugio. Rodeado por el Ejército y la Policía, que reprimió duramente a los manifestantes que se reunieron frente a la Embajada para demostrarle su apoyo, el presidente depuesto se ha convertido en una «bomba de relojería». El Gobierno de Luiz Inacio «Lula» da Silva defiende su derecho a dar refugio a Zelaya, mientras que Micheletti, además de cortar el agua, la luz y el teléfono de la delegación brasileña, ha dado un ultimátum de diez días a Brasilia para que entregue a Mel.

El regreso de Zelaya a Honduras recrudeció el conflicto, que parecía haber entrado en una etapa de relativa tranquilidad. Justamente, el depuesto presidente hizo su entrada en escena para evitar que se «enfriara» la situación. Un día antes de su reaparición el 21 de septiembre, el vicepresidente de Panamá, Juan Carlos Varela, había anunciado que, si se realizaban con transparencia, reconocería al ganador de las elecciones convocadas por el Gobierno de Micheletti. Era la primera fractura en el bloque de países americanos.

La presencia de Zelaya en la Embajada brasileña puso sobre la mesa un delicado juego diplomático entre los poderes de América Latina. Por una parte, la elección de refugio del presidente hondureño da una gran oportunidad a Lula de reforzar su liderazgo regional y reafirmar su papel de potencia dominante en Latinoamérica. Por otra, debe tener un extremo cuidado para que no se le mezcle con los «bolivarianos», el grupo que le discute la supremacía regional y que estará observando con atención los movimientos de Brasil en esta crisis.

Hasta ahora, las relaciones entre Zelaya y Lula han marchado bien. Habrá que ver cómo reacciona la diplomacia brasileña ante los llamados a la resistencia y la insurrección que el depuesto presidente está lanzando a sus seguidores. Brasil tendrá que mantener un delicado equilibrio entre su derecho a dar refugio a un presidente constitucional derrocado y quedar implicado en un derramamiento de sangre generalizado que hoy en día no es nada improbable en Honduras. Si el derramamiento de sangre generalizado es sólo una posibilidad que todos tendrán que esforzarse por evitar, el hambre y el desabastecimiento son realidades palpables en Honduras El cierre de fronteras le hace perder 20 millones de dólares diarios.

Legitimidad en duda. ¿Es ético o moralmente aceptable que un cargo electo haga un cambio tan radical una vez llegado al puesto para el que fue elegido? Zelaya ganó encabezando la fórmula del Partido Liberal y, a poco de asumir, anunció que su Gobierno sería de tendencia izquierdista y socialista. Una vez roto ese compromiso, cabe hacerse la segunda pregunta. ¿Es lícito utilizar la fuerza para derrocar a quien rompe el pacto con el electorado? El orden constitucional jamás debe ser roto, sobre todo por las instituciones del Estado.

Existen mecanismos para controlar, castigar y evitar los excesos del poder. Zelaya perdió credibilidad por su ruptura ideológica con los que le votaron y su legitimidad podía ser puesta en duda. El golpe del 28 de junio le ha devuelto legitimidad y le ha granjeado el apoyo de la comunidad internacional. Si ha incumplido su pacto con el pueblo, no serán las armas las encargadas de castigarle, sino las urnas.