Tegucigalpa
El presidente de Honduras, Roberto Micheletti, anunció ayer que los responsables de la expulsión de Manuel Zelaya, a quienes no identificó, serán llevados ante la justicia y «castigados». Previamente, Micheletti se había desvinculado por completo de la operación.
Micheletti reiteró que «se cometió un error» al enviar al depuesto presidente a Costa Rica después de su derrocamiento, el 28 de junio, porque la Constitución hondureña «protege la presencia de los hondureños, sin extradición, en el país».
«Definitivamente es una decisión que tomaron algunos sectores (a los que no mencionó) y van a ser castigados de conformidad con la ley», indicó Micheletti en presencia de la legisladora republicana estadounidense Ileana Ros-Lehtinen, quien llegó el lunes a Honduras para apoyar al Gobierno golpista.
En una entrevista a la revista brasileña «Veja», que comenzó a circular el domingo, Micheletti declaró que a Zelaya «los militares deberían haberlo llevado a los tribunales, pero decidieron sacarlo del país para evitar un derramamiento de sangre».
Por otro lado, Micheletti se declaró convencido de que esta semana se llegará a un acuerdo para poner fin a la crisis política que vive el país desde el golpe de Estado del pasado junio.
Mientras tanto, la UE y Brasil condenaron la «violación del orden constitucional» en Honduras, pidieron la inviolabilidad de la embajada brasileña en Tegucigalpa, donde se refugia Zelaya, e instaron a que se respete su integridad física, la de su familia y miembros de su Gobierno.
Horas más tarde, doce personas pertenecientes a la etnia lenca, que vive en el occidente de Honduras, pidieron asilo político en la embajada de Guatemala en Tegucigalpa, denunciando «persecución» del Gobierno golpista.
Entre las doce personas que se encuentran en la Embajada guatemalteca hay cuatro menores.
REDUCIR TEXTO »
