Washington
El Salvador dio ayer un giro de 180 grados a su política de las últimas dos décadas al reconocer su responsabilidad en el caso del arzobispo Oscar Arnulfo Romero, asesinado en 1980 por los escuadrones de la muerte. En una audiencia de seguimiento del caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Gobierno de Mauricio Funes afirmó que reconoce «plenamente» la autoridad del organismo y el carácter vinculante de sus recomendaciones.
La CIDH recomendó al Gobierno salvadoreño que realice de manera expedita una investigación judicial completa, imparcial y efectiva sobre el caso, con el fin de identificar, juzgar y sancionar a todos los autores materiales e intelectuales, sin perjuicio de la ley de Amnistía decretada.
La Comisión de la Verdad, que investigó los crímenes de guerra en este país, señaló como autor intelectual del asesinato de Romero al fundador de la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA, de derecha), Roberto D'Aubuisson, pero la ley de Amnistía, aprobada un año después de los Acuerdos de Paz, que pusieron fin a la guerra civil en el país (1980-1992), dejó impune ese crimen.
