Manila / Oviedo
El Gobierno de Filipinas declaró ayer el estado de excepción en la provincia musulmana de Maguindanao, en la isla de Mindanao, unos 950 kilómetros al sur de Manila, después de que al menos 21 personas fueran decapitadas por hombres armados en una aparente disputa política que se transformó en secuestro y acabó en masacre. Se teme que haya más cuerpos sin vida en las inmediaciones del lugar donde se han hallado los cadáveres.
Los hechos se iniciaron por la mañana, cuando 30 civiles fueron abordados por unos cien hombres armados que asaltaron las tres furgonetas en las que viajaban. Poco después, un grupo de soldados desplegado para perseguir a los secuestradores halló los cadáveres sin cabeza de trece mujeres y ocho hombres, entre ellos políticos locales, abogados, periodistas, y la mujer y otros familiares de Ibrahim Mangudadatu, vicealcalde de la ciudad de Buluan.
Los pistoleros eran mercenarios a sueldo del gobernador, Andal Ampatuan, conocido en la zona como «El Padrino», que controla por medio de hijos o nietos 18 de los 22 municipios de la provincia. Por si esto fuera poco, su primogénito, Zaldy Ampatuan, es desde 2007 el todopoderoso gobernador de la Región Autónoma del Mindanao Musulmán, de la que forma parte la provincia de Maguindanao.
Uno de los hijos de Ampatuan estaba al mando de la operación asesina, según fuentes militares. Algunos de los sicarios que participaron en los hechos estaban empleados como escoltas y guardas de seguridad por la familia Ampatuan, cuyo patriarca quería impedir que Mangudadatu le disputase el puesto en las elecciones provinciales del próximo mes de mayo. Se da la circunstancia de que el alcalde de Buluan es otro de los hijos de «El Padrino».
La campaña para las elecciones provinciales no arranca oficialmente hasta mayo, pero el plazo para remitir la documentación de los aspirantes a los cargos termina a finales del presente mes de noviembre.
Desde hace años, las familias de los Ampatuan y de los Mangudadatu están enzarzadas en una disputa de clanes en la que hasta ahora casi siempre se han impuesto las fuerzas del gobernador, que tiene cuatro mujeres y 30 hijos, en su calidad de «datu» o jefe tribal en el sur musulmán de Filipinas.
Ampatuan acusa a Mangudadatu de haber ordenado el asesinato de dos de sus hijos en 2002, mientras éste lo niega y le implica directamente en el asesinato, ayer, de su esposa. «Hablé con ella antes de morir y me dijo que fueron ellos», declaró a una emisora local el rival del gobernador.
Sucesos de este tipo, aunque no con saldos tan macabros como el registrado ayer, no son extraños en Filipinas, donde las disputas políticas se solucionan a tiros y los responsables de las reyertas suelen eludir con éxito a las fuerzas de seguridad, especialmente en las provincias más pobres.
El sur de Mindanao es uno de los lugares más peligrosos de todo el continente asiático por la proliferación de asesinatos por encargo y secuestros llevados a cabo tanto por organizaciones terroristas como por bandas criminales a sueldo de alcaldes y gobernadores. Se estima que la violencia se incrementará a medida que se acerque la fecha de los comicios.
En este territorio sin ley, como es visto desde Manila, Ampatuan ha construido para sus acólitos una enorme mezquita con aire acondicionado, vive rodeado de guardaespaldas y luce collares y un reloj Rolex de oro. La provincia es una de las más empobrecidas de Filipinas y Ampatuan es en ella una figura tan influyente que goza del respaldo de la presidenta del país, Gloria Macapagal Arroyo.
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