EUGENIO FUENTES
Pasado mañana, martes, 1 de diciembre, la UE estrena ropajes. El Tratado de Lisboa, firmado en 2007 y cuya ratificación no se completó hasta hace un mes con el «sí» de la República Checa, entrará en vigor dentro de 48 horas. Heredero de la ambiciosa y nonata Constitución europea, el nuevo tratado pretende ser un instrumento que agilice la toma de decisiones en la UE de 27 o más miembros y le permita tener un peso político acorde con su talla económica.
El Tratado de Lisboa reforma los dos documentos en los que hasta ahora basa su funcionamiento la Unión Europea: el Tratado de Roma (1957), responsable de lo que se conoce como pilar comunitario de la UE, y el de Maastricht (1993), modificado por los de Amsterdam (1997) y Niza (2001). Para transformar en entidad política lo que era una simple comunidad económica, Maastricht erigió dos nuevos pilares: el de la política exterior y de seguridad común, y el de Interior y Justicia, también conocido como penal.
Lisboa refunde estos tres pilares y dota a la UE de una personalidad jurídica propia, la de una «unión de estados», que debería facilitar su conversión en un verdadero actor político internacional. Esta transformación se completa con la creación de la figura del presidente del Consejo Europeo, lo que venimos llamando el presidente estable de la UE, y el refuerzo de los poderes del jefe de la diplomacia, el Alto Representante. Por primera vez el Alto Representante tendrá en sus manos toda la política exterior y de defensa común, al suprimir la Comisión Europea el puesto de responsable de Exteriores.
También pretende el Tratado de Lisboa acallar las voces que desde hace años acusan a la UE de tener una legitimidad democrática insuficiente. Estas críticas resaltan que la iniciativa legislativa está monopolizada por la Comisión Europea -y así seguirá siendo con Lisboa- y que el papel del Parlamento europeo es secundario dentro del organigrama comunitario. De ahí las medidas (ver infografía) para reforzar el poder de «codecisión» de la Eurocámara, a la vez que se acentúa la capacidad de intervención de los parlamentos nacionales en los asuntos comunitarios y se crea la iniciativa popular.
En tercer lugar, con el Tratado de Lisboa se pretende hacer que la UE sea más operativa en la toma de decisiones. Para ello, se amplía el número de materias que no requieren la aprobación por unanimidad, aunque quedan fuera políticas clave como exteriores, seguridad o fiscalidad. Esta dinamización debía completarse con la transformación de la mastodóntica Comisión Europea, compuesta por 27 comisarios en un Ejecutivo ágil, de reducido tamaño y acrecentada efectividad.
Pero no ha podido ser. Lisboa, como la Constitución, fijaba un número máximo de dos comisarios por cada tres países, lo que implicaba que, a diferencia de lo que ahora ocurre, no todos los Estados tendrían su propio representante en la Comisión. La propuesta, sin embargo, tuvo que ser abandonada el pasado octubre para conseguir el visto bueno de los irlandeses, que habían puesto en jaque el tratado al rechazarlo en referéndum en 2008.
En esencia, Lisboa mantiene la mayoría de las innovaciones incluidas en la Constitución europea, dinamitada en 2005 por los franceses al rechazarla en referéndum. El «no» francés culminó una campaña en la que la ultraderecha nacionalista, un sector socialista -que jugó a aprendiz de brujo pensando en las presidenciales de 2007-, los comunistas -viejos enemigos de la UE- y la ultraizquierda unieron sus fuerzas contra el proyecto, defendido por el conservador Chirac.
La Constitución, cuya muerte fue refrendada días después por los holandeses en las urnas, se llevó los palos que le correspondían a Chirac por su política interior, pero también otros muchos que provenían del descontento popular generado en Francia -miembro fundador de la UE y espíritu tutelar de la misma- por la acelerada ampliación a 25 miembros en 2004.
Todos estos rechazos se acrisolaron en una fórmula que acusaba a la Carta Magna de consagrar una UE ultraliberal con escaso acento social. De ahí que, aunque la haya excluido de su articulado, el Tratado de Lisboa consagre como vinculante la Carta Europea de Derechos Humanos. De ahí también que, por presión francesa, haya desaparecido en el camino a Lisboa la inclusión entre los objetivos de la UE de «la competencia libre y sin distorsiones».
Con todo, el gran caballo de batalla es de carácter conceptual. Hablar de Constitución representaba para numerosos dirigentes y ciudadanos hablar del embrión de un Estado federal, una cuestión en la que muchos europeos no están interesados, por no hablar de la cerrada oposición de socios como el Reino Unido, reacios a cesiones de soberanía.
Por eso Lisboa reforma los tratados anteriores pero no los sustituye, en contra de lo que hacía la Carta Magna. Por eso, con Lisboa habrá presidente estable, pero no habrá ministro de Exteriores, ni símbolos comunes jurídicamente vinculantes (bandera, lema, himno). Por eso, en fin, las políticas que caracterizan a un actor internacional de primera magnitud -Exteriores, Defensa- seguirán siendo pactadas por unanimidad, lo que conduce a la inacción. La unanimidad exige refugiarse en los acuerdos de mínimos.
Así las cosas, aparcados los sueños de federalización de la UE, hay que estimar el Tratado de Lisboa en lo que vale. El texto es un paso importante para mantener en pie una Unión cada vez más difícil de manejar, en la que, en última instancia, tanto en la Comisión Europea como en el Consejo de la UE (Consejo de Ministros) o en el Consejo Europeo (cumbres), los intereses particulares son más importantes que los conjuntos. Lisboa es el mínimo común denominador posible ahora mismo.
Para ir más lejos sólo queda una alternativa aceptable recogida en el tratado: que los países que así lo deseen establezcan en ciertos ámbitos lo que se conoce como cooperaciones reforzadas. Una opción que generalizaría la antaño temida y denostada UE asimétrica, o de varias velocidades, ya presente en el euro o en la zona de alta colaboración policial y judicial conocida como «espacio Schengen». La otra alternativa, el tancredismo de los euroescépticos, conduce a aceptar como inevitable la parálisis política de un gigante económico.
