Ciudad Juárez, frontera del infierno

EUGENIO FUENTES El pasado 9 de enero, un despacho de agencia elevaba un poco más el listón de la brutalidad en la narcoguerra que desangra a México: «Cártel cose cara de rival en balón de fútbol». El despacho explicaba que, tras ser secuestrado en Sonora días antes, el narco Hugo Hernández, de 36 años, fue asesinado en Los Mochis, en el Estado de Sinaloa, casa madre del que parece el cártel mexicano más poderoso. El cuerpo de Hernández, miembro de otro poderoso cártel, el de Juárez, fue dividido en siete partes: el torso, depositado en un cubo de basura; los brazos, piernas y cráneo, abandonados en una caja; y el rostro, cosido a la pelota y dejado como desafío a las puertas del Ayuntamiento.

Aunque sin recurrir a balones, hace años que en México ruedan cabezas por las pistas de las discotecas. Las cifras, como todo lo que rodea al narcotráfico, son oscuras, pero un cómputo del diario «El Universal» eleva a más de 16.000 los muertos desde que en diciembre de 2006 llegó a la presidencia el conservador Felipe Calderón e hizo de la guerra al narco la divisa de su mandato.

Sólo en 2009, los muertos fueron 7.724, más de 20 diarios. Una tercera parte (2.660) cayeron en Juárez, el actual epicentro de una narcoviolencia que, desde principios de 2010, ya se ha cobrado unas 400 vidas sólo en esa localidad del Estado de Chihuahua fronteriza con EE UU. Calderón tiene allí desplegados 8.000 militares y 2.400 policías federales, que se suman a otros 3.000 agentes locales.

Ciudad Juárez, antaño llamada Paso del Norte, siempre fue, como buen enclave fronterizo, un nido de violencia, contrabando y excesos, una tierra de nadie en mitad del desierto. Fundada por españoles en el siglo XVII en uno de los pocos lugares por los que podía cruzarse el caudaloso río Bravo -al que en EE UU llaman Grande-, fue avanzadilla militar y de misioneros, y a finales del siglo XIX se convirtió en sede de afamados casinos y prostíbulos cuyo esplendor llegó al decretarse en EE UU la ley Seca (1919-1933).

En la década de 1960, su posición estratégica la convirtió en sede de una pujante industria de maquilas, plantas de ensamblaje de bienes destinados a la exportación a EE UU. Dicen los expertos que ahí empezó la pesadilla de Juárez. Hace unos años salía por ella el 90 por ciento de la cocaína destinada al vecino del Norte. Ahora mismo, pese a haberse convertido en la boca del infierno, todavía sale el 60 por ciento.

Es difícil vivir en la ciudad más violenta del mundo. Su tasa de homicidios en 2009 (191 por cada 100.000 habitantes) supera con mucho la de su principal rival, la hondureña San Pedro Sula (119), y deja chica la peligrosidad de San Salvador (95), Caracas (94) o Guatemala (86).

Aunque la mayoría de los muertos son narcos, la sangre salpica. El mejor ejemplo lo representan los 15 adolescentes asesinados por sicarios el pasado 31 de enero mientras celebraban una fiesta. Al parecer, y en contra de la opinión apresurada del presidente Calderón, no eran pandilleros sino un fugaz objeto de placer para asesinos ociosos.

Calderón tuvo que rectificar y, desde entonces, ha visitado dos veces la ciudad, entre protestas de una población acogotada no sólo por los narcos sino por una legión de 50.000 drogadictos dedicados al robo, el asalto callejero, la extorsión, el secuestro exprés y el asesinato. Por no hablar de las misteriosas muertes de mujeres que tanta tinta ha hecho correr.

«Quiero vivir las calles de Juárez», reza una expresiva pintada en una localidad cuyas principales arterias, que hace cinco años rivalizaban en bullicio con Las Vegas, se apagan al ponerse el sol. Sólo las patrullan 5.000 heroinómanos a la caza de la última dosis. Dentro de diez años, si las cosas no cambian, serán 20.000.

No es, pues, de extrañar que Ciudad Juárez se vacíe. Todo el que puede se marcha, muchos a la vecina El Paso, un oasis de calma al otro lado de la frontera. Entre 75.000 y 500.000 personas -hay tantas estimaciones como fuentes- habrían huido de una localidad que en 2005 contaba 1,3 millones de habitantes y hoy tiene 116.000 viviendas vacías.

Además, la crisis económica ha ensanchado la grieta abierta por la narcoviolencia: según la Cámara de Comercio mexicana, hace dos años había 11.000 negocios abiertos. Hoy sólo quedan 2.700 y se han perdido 200.000 empleos en un año. Como consecuencia, 70.000 jóvenes de 15 a 20 años ni estudian ni trabajan; tan sólo son candidatos a toxicómanos delincuentes. La Cámara de Comercio local ha pedido la intervención de los «cascos azules» de la ONU.

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