EFE / PARÍS
El presidente francés, Nicolás Sarkozy, reiteró hoy su "voluntad inflexible" de retirar la nacionalidad "bajo ciertas condiciones" a ciudadanos franceses de origen extranjero, en particular a los asesinos de policías y gendarmes, informó un comunicado oficial.
El jefe de Estado francés hizo estas declaraciones en el Palacio del Elíseo, ante cinco policías heridos el pasado 12 de agosto tras ser agredidos en una barriada de Corbeil-Essonnes, al sur de París, precisó la nota.
Aprovechó la ocasión para recordar el conjunto de medidas legislativas que anunció a finales del pasado julio en un discurso pronunciado en Grenoble (sureste).
Precisó entonces que dichas medidas, destinadas a reforzar la represión de las agresiones contra los representantes de las fuerzas públicas, podrían tomar forma "a partir de finales de septiembre", y recalcó hoy su "voluntad inflexible" de que tomen forma "en las próximas semanas".
También hoy el ministro de Inmigración, Eric Besson, anunció en el canal privado LCI que Sarkozy organizará el viernes una reunión de arbitraje sobre las enmiendas destinadas a actualizar la legislación vigente en materia de retirada de nacionalidad.
Por su parte, el ministro del Interior, Brice Hortefeux, desea que la nacionalidad pueda retirarse también por el delito conjunto de poligamia de hecho, robo y abuso de debilidad.
Besson, sin embargo, preferiría que sólo pudiese aplicarse "escrupulosamente para los crímenes más graves" y consideró que matar a un magistrado, un prefecto o un policía, cuando se ha obtenido la nacionalidad francesa, podría ser asimilado a un acto de terrorismo.
Desde que Sarkozy anunciara su plan, en un momento en el que su popularidad era mínima, la polémica no ha dejado de crecer, incluso en el seno de su Gobierno.
La secretaria de Estado encargada de la política de la Ciudad, Fadela Amara, dijo estar contra la ampliación de las condiciones de pérdida de la nacionalidad que prepara el Ejecutivo galo.
En declaraciones a la emisora RTL, recordó que la legislación actual ya prevé la retirada de la nacionalidad para los ciudadanos de origen extranjero condenados por terrorismo o atentado contra la seguridad del Estado.
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