Oviedo / Pristina,

E. F. / Agencias

El primer ministro kosovar, Hashim Thaçi, reelegido en las elecciones del pasado domingo, se ha visto salpicado de inmediato por un escándalo que le sitúa en el centro de una red mafiosa dedicada al narcotráfico, el tráfico de armas y el tráfico de órganos humanos. Thaçi, que el jueves desmintió todas las acusaciones, ha visto también cómo las demandas de la oposición, que le acusa de pucherazo, han movido a la Comisión Electoral kosovar a ordenar la repetición de los comicios en cinco de las treinta y siete circunscripciones kosovares.

El escándalo tiene su origen en un informe elaborado por el suizo Dick Marty, miembro de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. Marty denuncia en el documento que antiguos miembros del Ejército para la Liberación de Kosovo (ELK), la guerrilla que luchó contra Serbia en el conflicto de 1998 y 1999, secuestraron a civiles, principalmente serbios pero también albanokosovares, a los que mantuvieron encarcelados para extraerles y exportar sus órganos vitales. Este tráfico, del que habrían sido víctimas unas quinientas personas, que figuran como desaparecidas, se habría centrado sobre todo en el comercio de riñones.

Basándose en este informe, el Comité de Asuntos Legales y Derechos Humanos de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (PACE) aprobó el jueves por unanimidad una resolución en la que indica que hay «numerosos indicios concretos y convergentes» sobre la reclusión de ciudadanos serbios y albanokosovares en centros secretos de detención controlados por el ELK en el norte de Albania.

Los detenidos, según la resolución, «fueron sometidos a tratos inhumanos y degradantes antes de hacerlos finalmente desaparecer». «Numerosos indicios parecen confirmar que, durante el período inmediatamente posterior al final del conflicto armado, se extrajeron los órganos a algunos prisioneros en una clínica situada en territorio albanés, cerca de Fushe-Kruje, a fin de exportarlos para su trasplante».

El Comité reclama a la misión policial y judicial de la UE en Kosovo (EULEX) que investigue los crímenes y pide a la UE que otorgue a la misión los recursos y el apoyo político necesarios. Albania consideró ayer que las acusaciones son infundadas, pero anunció que colaborará en la investigación.