Caso Assange

El Supremo británico podría tardar semanas en pronunciarse

Julian Assange recurrió al alto tribunal después de que dos de rango inferior autorizaran en 2011 su entrega a Suecia

 21:04  

EFE/LONDRES El Tribunal Supremo del Reino Unido concluyó este jueves su revisión del recurso presentado por el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, contra su extradición a Suecia, si bien su dictamen podría tardar aún varias semanas.

Tras dos intensas audiencias en las que la fiscalía y la defensa expusieron sus argumentos, los siete jueces del tribunal dieron por terminado el proceso, a la espera de anunciar una fecha para pronunciar su veredicto.

Vestido con traje oscuro y con su característico pelo blanco, el fundador de WikiLeaks, de 40 años, asistió en persona a las sesiones de ayer y hoy, cuando se le pudo ver escuchando atentamente los intercambios entre abogados y magistrados, tomando notas y consultando con sus colaboradores.

Assange recurrió al Supremo, máxima instancia judicial británica, después de que dos tribunales de rango inferior autorizaran el año pasado su entrega a Suecia, que le reclama para interrogarle sobre tres delitos de agresión sexual y uno de violación a dos mujeres suecas cometidos supuestamente en agosto de 2010.

Durante el proceso de apelación, la abogada defensora del exhácker, Dinah Rose, ha rechazado su extradición con el argumento de que la orden de detención emitida por las autoridades suecas no es válida porque fue firmada por un fiscal, "parte interesada" en el proceso, en lugar de por un tribunal "independiente".

Sin embargo, la fiscal Clare Montgomery, en representación de la Justicia sueca, argumentó que el mecanismo europeo de extradición no requiere que sea un magistrado quien firme las euroórdenes, sino que puede ser cualquier "autoridad judicial", lo que, según el sistema legal de cada Estado, puede referirse a la Policía, un tribunal o, como en el caso de Suecia, un fiscal.

También negó que la autoridad emisora deba ser "independiente", ya que siempre será parte implicada en un proceso judicial.

Montgomery, que fue sometida a un exhaustivo escrutinio por parte de los jueces del Supremo, explicó que, a diferencia de lo que ocurre en el Reino Unido, en Europa continental son a menudo los fiscales los que emiten órdenes de arresto de sospechosos.

Indicó que en casos similares planteados en Irlanda, Chipre e Italia, países donde la autoridad judicial equivale a un juez (como en el Reino Unido), los tribunales han acabado aceptando la legitimidad de los fiscales en otros países.

Rose también cuestionó si era "proporcionado" que Suecia pidiera la extradición de una persona a quien "no se ha acusado formalmente de ningún delito" y que "se ha ofrecido a ser interrogada por videoconferencia".

Sobre este punto, la fiscal señaló que no corresponde al tribunal británico valorar si es o no proporcionado, sino "al país solicitante".

Si, en su dictamen, el Supremo da la razón a la defensa de Assange, ello tendría consecuencias para el sistema europeo de detención y entrega de sospechosos y restringiría su aplicación en el Reino Unido.

Si, en cambio, considera que la euroorden es válida, el informático australiano será extraditado a Suecia en el plazo de diez días, aunque podrá recurrir ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo.

A las puertas del tribunal londinense se congregaron hoy un puñado de partidarios del fundador de WikiLeaks, que esgrimieron pancartas en su defensa y del soldado Bradley Manning, procesado en Estados Unidos por haber filtrado al portal información confidencial de ese país.

Assange fue detenido en Londres el 7 de diciembre de 2010, tras entregarse voluntariamente, días después de que cinco periódicos de todo el mundo, entre ellos el británico "The Guardian" y el español "El País, publicaran con WikiLeaks miles de cables diplomáticos estadounidenses que avergonzaron a muchos gobiernos.

Los partidarios del experto informático creen que su entrega a Suecia podría desembocar en una eventual extradición a EEUU, país que ha abierto una investigación a puerta cerrada para decidir si puede imputarle.

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