Detenidos en Nápoles dieciséis jueces acusados de trabajar para la Camorra

La Guardia de Finanzas italiana (Policía especial para la lucha contra los delitos económicos) arrestó ayer a un total de 60 personas, entre ellas 16 jueces tributarios, un reputado abogado y profesor universitario, industriales, funcionarios, varios testaferros y miembros del «clan Fabbrocino» de la Camorra, la mafia napolitana, bajo la acusación de asociación criminal.

Según un comunicado de la Policía financiera, las investigaciones han permitido desmantelar una red criminal formada por miembros del clan camorrista Fabbrocino -que gestiona las actividades ilegales en las localidades de Nola y en el área vesuviana-, empresarios especializados en la compraventa inmobiliaria y hotelera, y funcionarios que trabajaban en el sector de la recaudación fiscal.

Tras la operación, que se desarrolló en la región de la Campania (Sur), pero también en el área de Milán (Norte, capital financiera del país), al menos 22 personas han sido encarceladas, 25 se encuentran en situación de arresto domiciliario y al resto se les ha comunicado la orden de no abandonar su provincia de residencia, que en la mayoría de los casos es la de Nápoles.

Además, las autoridades policiales comunicaron que han sido confiscados bienes por un valor de unos 1.000 millones de euros, entre cuentas corrientes, acciones, valores financieros, terrenos, edificios y vehículos. Añadidos a los cargos de asociación mafiosa, pesan sobre los detenidos los de lavado de dinero procedente de actividades ilegales y corrupción en actos judiciales, entre otros.

Según lo que ha trascendido de las investigaciones policiales, la organización desmantelada había construido una red de facturaciones falsas para el lavado de dinero que después se hacía llegar hasta bancos de Bélgica, Liechtenstein, Luxemburgo y Suiza.

En los casos en los que la Policía financiera lograba descubrir que se habían extendido falsas facturas para cubrir el blanqueo de los capitales y la evasión fiscal, los empresarios afectados por las denuncias impugnaban las multas que se les imponían y los jueces corruptos detenidos fallaban a su favor.

Las actividades de lucha contra las mafias se han incrementado desde que tomó posesión el Gobierno tecnocrático de Mario Monti, comprometido en la realización de profundas reformas para que Italia supere de una vez por todas la crisis de la deuda soberana.

Uno de los puntos clave de ese combate es la lucha contra la defraudación fiscal, actividad delictiva en la que las mafias desempeñan un papel de punta de lanza. En un país donde es normal comprar y vender sin factura ni tique alguno, Monti está decidido a que los italianos asuman que los tiempos de la impunidad fiscal se han acabado.