La crisis en el norte de Mali, donde conviven una rebelión secesionista tuareg con las actividades de la red terrorista Al Qaeda, parece haber sido el detonante que ha llevado a un grupo de militares a dar un golpe de Estado contra el presidente Amadu Tumani Ture.

Tras la confusión que se vivió durante la madrugada del miércoles, finalmente quedó claro que los golpistas se habían hecho con el control de los resortes del poder y habían depuesto a Ture, al que apenas quedaba un mes para concluir su mandato constitucional.

En una intervención en la televisión estatal de Mali, el capitán Amadu Haya Sanogo, presidente del autoproclamado Comité Nacional para el Restablecimiento de la Democracia y la Restauración del Estado (CNRDRE), anunció la suspensión de la Constitución y de todas las instituciones del país, la destitución del gobierno y el establecimiento del toque de queda a partir de este jueves.

Posteriormente, los golpistas decidieron cerrar las fronteras y el espacio aéreo de Mali, medida que permanecerá en vigor al menos hasta el próximo martes.

Los golpistas no comparecieron en la televisión hasta que se aseguraron de que se habían hecho definitivamente con el control del palacio presidencial, donde libraron fuertes combates con las tropas leales a Turé, en los que se produjeron al menos 50 muertos, según fuentes de protección civil.

Por el momento se desconoce el paradero de Turé, que no se encontraba en el palacio presidencial en el momento del asalto, al que siguieron actos de saqueo y pillaje.

Al menos tres ministros, entre ellos los de Exteriores, Sumeylu Bubeye Maiga, y Administración Territorial, Kafuguna Kone, han sido arrestados por los golpistas y se encuentran en el cuartel de Kati, a 15 kilómetros de Bamako (y donde ayer comenzó la asonada), indicaron a Efe fuentes próximas a los sediciosos.

Los golpistas justificaron su acción con el argumento de que Turé se había revelado incapaz de solucionar o gestionar la crisis del norte del país y le culparon de no haber dotado al Ejército de los recursos necesarios para hacer frente a la rebelión secesionista tuareg ni a las bandas vinculadas a Al Qaeda.

Aunque en un primer momento dio la impresión de que el movimiento militar era un simple motín protagonizado por un grupo de soldados del cuartel de Kati, que se oponían a ser movilizados y enviados al norte, poco a poco se pudo apreciar que el resto de las fuerzas de seguridad, entre ellas la Gendarmería y la propia Guardia Presidencial, se sumaban al golpe.

Desde mediados de enero, los tuaregs del denominado Movimiento Nacional para la Liberación de Azawad (MNLA) mantienen una guerra abierta con el ejército maliense, que ha sufrido decenas de bajas y muchos de cuyos efectivos han sido capturados por los separatistas.

Al mismo tiempo, los combates han provocado el desplazamiento de unos 100.000 malienses, que han buscado refugio en los países vecinos como Argelia, Mauritania, Níger o Burkina Faso, mientras que otros 95.000 se han marchado a otras zonas más tranquilas dentro de Mali huyendo de los combates.

El MNLA reclama la independencia del Azawad, una amplia región de 850.000 kilómetros cuadrados, de la que dice ya controlar el 70 por ciento, según declaraba el pasado lunes el jefe de estado mayor del movimiento separatista, Mohamed Ag Nejim.

Mientras tanto, Mali, uno de los países más pobres de África, parece haberse sumido en una grave crisis política e institucional, pese a los llamamientos a la calma lanzados por el capitán Sanogo en su alocución, en la que ha subrayado que el objetivo del movimiento militar es "salvar la democracia".

Para abril próximo estaban convocadas elecciones legislativas y presidenciales en Mali, que ahora se encuentran en una situación muy incierta pues aún se desconoce qué decisiones van a tomar los golpistas al respecto.

Aunque uno de los principales partidos de la oposición, Solidaridad Africana para la Democracia y la Independencia (SADI), ha manifestado ya su disposición a dialogar con los golpistas, la mayor parte de las fuerzas políticas ha condenado la asonada y la ha calificado de "inconstitucional".