El Banco de Inglaterra ha reconocido que tiene planeado analizar las implicaciones de una posible salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE), según hizo saber en un comunicado, confirmando un correo electrónico que revelaba la existencia de este proyecto de investigación supuestamente confidencial.
El diario británico "The Guardian" informó de este correo electrónico, procedente de un empleado del banco, en el que hablaba de dicho análisis, que debía ser "mantenido en secreto".
En un comunicado difundido el viernes por la tarde, el banco confirmó su intención de realizar la investigación. "No debería ser una sorpresa que el banco esté realizando ese tipo de trabajo sobre una política de gobierno declarada", dijo la entidad emisora en un comunicado publicando en su página de internet.
"Hay una serie de temas económicos y financieros que surgen en el contexto de la renegociación y del referéndum nacional. Es una de las responsabilidades del banco evaluar aquello que se relaciona con sus objetivos", agregó.
"Aunque sea desafortunado que esta información haya trascendido al dominio público de esta manera, el banco mantendrá esta aproximación", prosigue el comunicado del Banco de Inglaterra.
El primer ministro británico, David Cameron, que se aseguró un segundo mandato al vencer por mayoría absoluta en los comicios del pasado 7 de mayo, ha prometido rediseñar los vínculos de Reino Unido con la UE antes de celebrar un referéndum sobre su pertenencia al club comunitario a finales de 2017.
Muchos empresarios británicos están preocupados por la posibilidad de perder acceso a sus principales mercados de exportación y también hay inquietud por el impacto sobre la industria de servicios financieros británica.
Cameron aspira a introducir limitaciones a la libertad de movimientos dentro de la UE, una medida a la que se oponen Francia y Alemania, y defiende asimismo cambiar el sistema de justicia para que Londres deje de estar sujeta a las decisiones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Algunas de las propuestas del Reino Unido requerirían cambios en los tratados europeos, un extremo al que también se oponen sus socios comunitarios.
Este jueves, el primer ministro británico anunció medidas radicales para controlar la inmigración ilegal, como confiscar los sueldos de los indocumentados, tras conocerse que el ingreso de extranjeros subió más del 20% en 2014. La medida estará contenida en su programa de Gobierno para el próximo curso legislativo, que será leído por la reina Isabel II el próximo miércoles en la solemne apertura del Parlamento.
Hasta ahora, las empresas podían ser multadas con 20.000 libras (26.000 euros) si contrataban a trabajadores indocumentados, pero la nueva legislación irá más allá al tipificarlo como delito, si bien Cameron no ha especificado qué pena se aplicará.
