Los ministros de Interior de los países de la UE consiguieron cerrar ayer, por fin, un acuerdo para reubicar en el plazo de dos años, y en el conjunto de los 28 socios del bloque, a 120.000 demandantes de asilo llegados inicialmente a Italia y a Grecia. El acuerdo salió adelante con el "no" de cuatro Estados miembros (Hungría, Rumanía, República Checa y Eslovaquia, el llamado "grupo de Visegrado") y la abstención de Finlandia.

El reparto de los refugiados entre los estados miembros establece cuotas de acogida incluso para los cuatro países que votaron en contra. Pero, desde Bratislava, el primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, advirtió que no la asumirá. "Mientras yo sea primer ministro, las cuotas obligatorias no serán implementadas en territorio eslovaco", dijo, desafiante, el "premier" checo.

La propuesta inicial diseñada por la Comisión Europea planteaba reubicar a 120.000 demandantes de asilo procedentes de Italia, Grecia y Hungría, pero la negativa del Gobierno de Viktor Orbán a ser considerado beneficiario del programa obligó a rediseñar la propuesta.

Hungría ha pasado a ser considerado país de acogida para las personas con derecho a protección internacional, lo que se traducirá en una leve reducción de las cuotas asignadas inicialmente a cada estado miembro, cerca de 15.000 en el caso de España.

Así, se ha establecido un plan en dos fases que en la primera permitirá reubicar en los estados miembros a un total de 66.000 refugiados procedentes de Italia y Grecia, los países más afectados por la crisis migratoria. El documento del acuerdo atribuye a España la reubicación de 1.896 personas ahora en Italia y de 6.127 llegadas primero a Grecia.

Los 54.000 restantes, previstos en principio para ayudar a Hungría a aliviar la presión migratoria, quedarán en una suerte de "reserva", de modo que serán reubicados en una segunda fase y procederán también de Italia y Grecia, siempre y cuando ningún otro Estado miembro solicite en los próximos doce meses acogerse al programa porque su capacidad de recepción se haya visto desbordada.

La cuota que deberá asumir cada país de la UE de este segundo grupo de 54.000 demandantes de asilo no quedó definido en el acuerdo de este martes.

Al término de la reunión, el ministro francés, Bernard Cazeneuve, subrayó que el pacto ha sido posible también porque se ha atendido a la exigencia franco-alemana de "reforzar" los controles en las fronteras exteriores de la UE y de establecer un "calendario claro" para la puesta en marcha de centros de registro y acogida ("Hot spot"), en los que se "retendrá" a los inmigrantes mientras se tramita su solicitud de asilo y desde donde serán devueltos a su país de origen si se rechaza su expediente.

Otra de las condiciones impuestas por Berlín y París es eliminar la idea de una penalización económica por cada refugiado que un Gobierno rechace acoger y sustituirlo por un mecanismo que permite aplazar la reubicación de hasta un 30% de la cuota nacional durante un año.

Mañana, señal de unidad

El acuerdo suprime también cualquier referencia a cuotas "obligatorias" en un intento por superar las reservas de los países del Este, pero crea la base legal necesaria para convertir en vinculantes los compromisos. Ello permitirá a la Comisión Europea iniciar procedimientos sancionadores contra los estados miembro incumplidores.

Tras este acuerdo de los ministros de Interior, los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión intentarán enviar una señal de unidad y responsabilidad en la crisis de los refugiados en la cumbre que celebrarán hoy en Bruselas.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, pedirá al resto de los líderes que se afronte ya una solución global, más allá de las medidas de emergencia que admite que han de llevarse a cabo.