El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y el líder de las FARC, "Timochenko", acordaron el miércoles por la noche firmar la paz en seis meses, un pacto que tuvo una magnífica acogida internacional. Además, anunciaron un sistema de justicia especial para los implicados en el conflicto, con beneficios para quienes admitan su responsabilidad.
El 23 de marzo de 2016 será la fecha tope para concluir las negociaciones y firmar un acuerdo de paz definitivo, tras el cual las FARC tendrán un plazo de 60 días para dejar las armas. Aparte de poner plazos al fin del conflicto, el Gobierno y la guerrilla lograron superar el escollo más importante del proceso con su acuerdo para crear una "jurisdicción especial de paz" que juzgará delitos contra la humanidad y graves crímenes de guerra.
Unos 15.000 guerrilleros, responsables de delitos políticos y conexos, serán amnistiados. No serán objeto de esa amnistía los crímenes contra la humanidad, el genocidio y los crímenes graves de guerra, además de otros delitos graves como la toma de rehenes, la tortura, el desplazamiento forzado, la desaparición forzada, las ejecuciones extrajudiciales y la violencia sexual.
El mecanismo judicial contará con salas de justicia y con un tribunal de paz, que tendrá competencia sobre todos los actores implicados en la guerra y que establecerá dos tipos de penas: uno para los que reconozcan su responsabilidad en esos delitos y otros para los que no.
Las sanciones para quienes reconozcan delitos muy graves serán de entre 5 y 8 años de cárcel en condiciones especiales, lo que quiere decir que no cumplirán esa pena en una prisión convencional. Quienes admitan esa responsabilidad pero "de manera tardía", es decir durante el juicio ante un tribunal, tendrán penas también de entre cinco y ocho años en prisión y en las condiciones ordinarias. Y para aquellos acusados de delitos muy graves que nieguen su responsabilidad las condenas podrán ser de hasta 20 años de cárcel. El acuerdo prevé una amnistía lo "más amplia posible" por "delitos políticos y conexos", medida que requerirá una ley del Congreso colombiano.
