La Comisión Europea y Turquía han alcanzado un acuerdo de principio para responder a la crisis de refugiados, que incluye conceder 3.000 millones de euros a Ankara a cambio de que contenga el flujo de refugiados hacia la UE. El acuerdo fue estudiado en su cena de trabajo anoche por los líderes comunitarios reunidos en Consejo Europeo en Bruselas.
El pacto también contempla la aceleración de la concesión de los visados a los ciudadanos turcos, la apertura de cinco capítulos del proceso de adhesión de Turquía a la UE y la inclusión del país en el listado de estados considerados seguros. Esta medida está dirigida a agilizar los procesos de análisis de las demandadas de asilo presentadas por sus nacionales.
A cambio Turquía se comprometería a reforzar sus fronteras y a estrechar su cooperación con Grecia, principal punto de entrada de refugiados en este momento hacia la UE. La propuesta fue negociada en Ankara por una delegación comunitaria encabezada por el vicepresidente primero de la Comisión Europea, Frans Timmermans. De confirmar los líderes europeos su visto bueno al pacto, la UE y Turquía celebrarían un encuentro específico para abordar la respuesta conjunta a la crisis de los refugiados.
El acuerdo alcanzado por la Comisión accede en líneas generales a las peticiones formuladas para cooperar por el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, el pasado 5 de octubre, cuando también solicitó la creación de una zona de seguridad y exclusión aérea en la frontera con Siria.
Sin embargo, el acuerdo no contenta a todos los miembros comunitarios, empezando por Francia, cuyo presidente, el socialista François Hollande, advirtió ayer que no aceptará que la UE acepte sin condiciones liberalizar la exigencia de visados a nacionales de Turquía. Hollande alertó de que conceder esta ventaja sin "condiciones" implicaría el riesgo de "conceder (visados) a individuos cuya identidad no conocemos".
El problema es que las reticencias de Hollande chocan con las exigencias de la canciller alemana, Angela Merkel, acuciada por las críticas internas a su política de puertas abiertas, que ha colapsado la administración alemana y ha puesto contra las cuerdas la capacidad germana para hacer frente a la oleada.
Poco antes de iniciarse el Consejo Europeo, Merkel reclamó solidaridad a los socios comunitarios, y advirtió a la UE de que se encuentra ante "una prueba de fuego histórica". En paralelo, el Bundestag (cámara baja del Parlamento) aprobaba de urgencia la reforma de la legislación de asilo, con un proyecto que acelera la tramitación de las solicitudes, recorta las prestaciones económicas, agiliza las expulsión de los rechazados e impulsar la integración de los aceptados.
