Los ministros de Interior de la UE constataron ayer que el programa para reubicar a 160.000 demandantes de asilo y otras medidas pactadas para frenar la crisis de refugiados no están teniendo el resultado esperado, por lo que examinaron alternativas y recordaron que el derecho comunitario permite detener hasta 18 meses a los inmigrantes que no colaboren en su identificación y traslado.

Uno de los principales problemas que están encontrando los países de la UE para reubicar a los demandantes de asilo llegados a Italia y Grecia es la negativa de estas personas a ser registradas e identificadas, por miedo a ser deportadas o trasladadas a un destino que no han elegido.

Varios de los asistentes a la reunión, incluido el ministro español de Interior, Jorge Fernández Díaz, y el titular luxemburgués y presidente de turno de la UE, Jean Asselborn, advirtieron que existe el "derecho al asilo en la UE", pero "no el derecho a elegir destino" entre los Estados miembros.

Por ello, los Veintiocho pusieron el acento en las opciones que ofrece el "acervo comunitario" para superar una "eventual falta de cooperación", según explican en su texto de conclusiones. El documento enumera como posibilidades acelerar los procedimientos de asilo o tramitarlos en zonas fronterizas o de tránsito, rechazar las solicitudes del individuo en cuestión o aplicar "medidas coercitivas".

En este último caso, el derecho comunitario permite detener al inmigrante, sea demandante de asilo o no, durante un periodo máximo de 18 meses mientras se resuelve su expediente, aunque en centros habilitados para ellos, no en prisiones. Se trata de una medida "de último recurso", que puede aplicarse durante un periodo de seis meses, prorrogable hasta los citados 18 meses. La decisión de detener a quién no colabore recae sobre el Estado miembro, que debe examinar la situación "caso por caso", recordaron fuentes europeas.

Entre las novedades planteadas ayer por los ministros, destaca el consenso para "explorar" la creación en los países de tránsito de "centros de acogida", a imagen de los llamados "hotspot" que se exigen a Italia y Grecia para que registren y retengan a los demandantes de asilo que reciben mientras se tramitan sus casos.